Washington D.C., 30 de mayo de 2025 – La Corte Suprema de Estados Unidos ha emitido este jueves un fallo histórico que autoriza la revocación del programa de Parole Humanitario, una medida que afectará directamente a más de 530,000 migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. La decisión respalda la política migratoria de la administración del presidente Donald Trump, quien ya había iniciado el proceso de cancelación del programa mediante una orden ejecutiva el pasado 20 de enero, primer día de su segundo mandato.
La medida implica la anulación del estatus legal temporal y la revocación de los permisos de trabajo concedidos a miles de migrantes, quienes ahora enfrentan el riesgo inminente de deportación. El programa, creado por la administración de Joe Biden en 2022 para venezolanos y expandido en 2023 a otras nacionalidades, ofrecía una vía legal de entrada a Estados Unidos con patrocinio económico, residencia temporal por dos años y autorización laboral.
La sentencia también revierte una orden preliminar emitida por una jueza federal en abril de este año que intentó frenar la cancelación, lo que da luz verde definitiva a la Casa Blanca para implementar de forma inmediata la expulsión de beneficiarios.
Organizaciones de derechos humanos han reaccionado con alarma. “Es una tragedia para nuestras comunidades. Muchos han establecido raíces, tienen trabajos y familias aquí. Regresar a países en crisis es impensable”, expresó Cecilia González Herrera, una migrante venezolana afectada.
Expertos advierten que la revocación del Parole podría tener consecuencias económicas y sociales profundas, especialmente en estados como Florida, donde los migrantes aportan de forma significativa a la economía local. Se teme además un efecto dominó tras la reciente cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 350,000 venezolanos, también avalada por el máximo tribunal el pasado 19 de mayo.
Desde el Departamento de Seguridad Nacional, ahora liderado por Kristi Noem, se ha defendido la medida bajo el argumento de que el parole es un estatus “temporal y revocable”, y que su eliminación responde a objetivos de política exterior y gestión interna de recursos.
Para los migrantes afectados, las opciones legales ahora son limitadas. Algunos intentan solicitar asilo o ajustes de estatus, mientras que otros, sin vías legales inmediatas, podrían ser llamados a procesos de deportación en las próximas semanas. En el Congreso, legisladores demócratas han solicitado acciones urgentes para ofrecer alternativas legislativas, aunque las posibilidades de éxito bajo la actual administración parecen reducidas.
El Parole Humanitario, originalmente concebido en la década de 1950, ha sido una herramienta utilizada por distintos gobiernos para atender emergencias humanitarias, pero ahora enfrenta su eliminación bajo una política migratoria más restrictiva, marcando un cambio de rumbo en la protección a migrantes vulnerables.
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