El Tribunal Provincial Popular de La Habana ha dictado condenas de 15, 18 y 20 años de prisión contra tres ciudadanos cubanos acusados de tráfico ilícito de estupefacientes, según dio a conocer el diario oficial Granma, que calificó el juicio como “ejemplarizante”.
De acuerdo con la información publicada, los hechos juzgados estarían relacionados con la distribución de cocaína en el país. Aunque no se han revelado detalles específicos sobre la cantidad de droga incautada, ni sobre las circunstancias de las detenciones, se indicó que los acusados operaban a nivel interprovincial, lo que sugiere una estructura de distribución organizada.
Además de las condenas principales, el tribunal impuso a los sancionados medidas accesorias, entre ellas la pérdida de derechos públicos, la prohibición de salida del país y el decomiso de bienes vinculados al delito. Estas penas adicionales buscan reforzar el carácter disuasivo de la sentencia.
El sistema judicial cubano ha reiterado en varias ocasiones su política de “tolerancia cero” frente al narcotráfico, en un contexto regional donde los flujos de estupefacientes han aumentado. Las autoridades subrayan que la ubicación geográfica del país lo convierte en zona de riesgo para el tránsito de drogas, lo que ha motivado un refuerzo sostenido en los mecanismos de control fronterizo y vigilancia interna.
Organismos internacionales de lucha contra el narcotráfico han reconocido que, pese a los bajos niveles de consumo interno reportados, Cuba mantiene una postura punitiva frente a este tipo de delitos, en comparación con otros países de la región. Sin embargo, expertos apuntan que el incremento de actividades ilegales vinculadas a la crisis económica puede estar generando nuevas dinámicas criminales en sectores vulnerables de la población.
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