El Departamento de Estado de Estados Unidos, encabezado por el secretario Marco Rubio, anunció este miércoles sanciones contra cuatro funcionarios del sistema judicial cubano por su participación en violaciones graves de los derechos humanos, específicamente en el caso de la detención arbitraria del joven activista Luis Robles Elizástigui.
Los sancionados son la fiscal Yanaisa Matos Legrá y los jueces Gladys María Padrón Canals, María Elena Fornari Conde y Juan Sosa Orama, todos vinculados al Tribunal Provincial Popular de La Habana. Según la declaración oficial, estos funcionarios participaron activamente en la acusación, condena y sentencia de Robles Elizástigui, en un proceso calificado como instrumentalización judicial al servicio de Cuba.
Además de su implicación en este caso emblemático, el Departamento de Estado acusó al sistema judicial cubano de facilitar la persecución política, señalando casos como los de José Daniel Ferrer y Félix Navarro, opositores que han sido reencarcelados bajo cargos considerados arbitrarios.
Como consecuencia, los cuatro funcionarios cubanos y sus familiares inmediatos quedan inhabilitados para entrar a Estados Unidos, conforme a la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del año fiscal 2024, prorrogada por el Congreso para 2025.
Estas sanciones, afirma la administración Trump, refuerzan su compromiso con la rendición de cuentas de los responsables de la represión en Cuba y constituyen un llamado a los aliados internacionales para que adopten medidas similares. “Seguiremos utilizando todas las herramientas disponibles para defender los derechos humanos del pueblo cubano”, señaló el comunicado.
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