En una controvertida acción del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), dos ciudadanos cubanos con antecedentes penales graves fueron deportados recientemente a Sudán del Sur, país que no es su lugar de origen. Esta medida, según informaron fuentes oficiales y medios de prensa, se enmarca en una nueva estrategia de la administración de Donald Trump, que busca enviar a inmigrantes indocumentados a terceros paísescuando sus países de origen se niegan a recibirlos.
Ambos ciudadanos formaban parte de un grupo de al menos ocho personas, incluidos migrantes de Laos, México, Myanmar, Vietnam y Sudán del Sur, enviados a este último país africano, actualmente afectado por inestabilidad política y crisis humanitaria. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que los deportados tienen condenas por delitos como asesinato y robo, aunque no precisó si Sudán del Sur es su destino final o una escala de tránsito.
La deportación ha sido cuestionada por el juez federal Brian Murphy, quien señaló que estas acciones violan una orden judicial vigente desde el 18 de abril de 2025, que prohíbe enviar migrantes a terceros países sin notificación previa ni oportunidad de apelar. El juez ordenó que los inmigrantes permanezcan bajo custodia estadounidense y dejó abierta la posibilidad de ordenar el regreso del avión con los deportados, lo que añadiría un nuevo capítulo legal a este inusual caso.
La decisión ha despertado críticas entre abogados de inmigración y organizaciones de derechos humanos, quienes advierten sobre los riesgos de enviar personas a países como Sudán del Sur, donde podrían enfrentar persecución o incluso tortura. En el caso de los cubanos, la negativa de Cuba a aceptar deportaciones ha llevado al gobierno estadounidense a buscar acuerdos con terceros países, como Panamá, El Salvador y Sudán del Sur, para aplicar esta nueva modalidad de reubicación forzosa.
Aunque no se relaciona directamente con la deportación de los dos cubanos, el caso de la exjueza Melody González Pedraza, también bajo orden de expulsión, refleja el endurecimiento de las políticas migratorias hacia ciudadanos cubanos, especialmente aquellos con antecedentes penales o vínculos con el régimen. La comunidad cubana en el exilio observa con atención estos desarrollos, que podrían sentar precedentes significativos en futuras deportaciones bajo la política migratoria actual.
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