La exjueza cubana Melody González Pedraza, quien solicitó asilo político en Estados Unidos tras ingresar por el programa de parole humanitario, ha recibido una orden oficial de deportación, según confirmaron fuentes del sistema migratorio estadounidense. La decisión fue tomada por un juez de inmigración en Pompano Beach, Florida, y marca un precedente en los casos que involucran a exfuncionarios del régimen cubano vinculados con violaciones de derechos humanos.
González Pedraza, expresidenta del Tribunal Municipal de Encrucijada, en la provincia de Villa Clara, fue señalada por su papel en la condena de cuatro jóvenes cubanos acusados de “atentado” tras participar en protestas. Las sentencias, de hasta cuatro años de prisión, fueron dictadas en mayo de 2024, poco antes de que la jueza abandonara el país. En declaraciones posteriores, reconoció haber actuado bajo presión del Partido Comunista y de sus superiores en el sistema judicial.
Durante su proceso migratorio, se presentaron testimonios en su contra recopilados por la organización Cuba Demanda, que entregó un informe de 27 páginas al tribunal migratorio. A pesar de contar con 22 declaraciones de apoyo, el juez concluyó que González no cumplía los requisitos para recibir asilo político. La orden de deportación sigue el precedente de su esposo, William, quien ya fue retornado a Cuba semanas atrás. La exjueza tiene hasta el 20 de junio de 2025 para presentar una apelación.
La noticia ha generado reacciones intensas en la comunidad cubana en el exilio, donde activistas y antiguos opositores procesados bajo su mando expresaron alivio. “El asilo lo merecen los reprimidos, no los represores”, declaró el activista Samuel Rodríguez desde Florida. Organizaciones como Archivo Cuba y Prisoners Defenders han documentado su actuación como parte del aparato represivo judicial en la isla.
Aunque aún tiene derecho a apelar, el caso de González Pedraza se suma a una lista creciente de exfuncionarios cubanos deportados por ocultar su afiliación al régimen. Bajo la administración de Donald Trump, se han endurecido los controles del programa de parole humanitario, con un mayor énfasis en impedir que personas involucradas en la represión accedan a beneficios migratorios en Estados Unidos.
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