Un sabotaje deliberado en la red ferroviaria de alta velocidad española ha provocado el caos este lunes en la conexión entre Madrid y Andalucía, afectando a más de 10.000 pasajeros y causando demoras generalizadas en una treintena de trenes. La interrupción del servicio fue ocasionada por el robo de cables en cinco puntos distintos de la provincia de Toledo, lo que ha motivado la apertura de una investigación penal y ha desencadenado un cruce de acusaciones entre Gobierno y oposición.
El incidente, calificado como “grave sabotaje” por el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha requerido la intervención urgente de Adif y Renfe, cuyas brigadas trabajaron durante toda la noche para restaurar la operatividad del servicio. Según detallaron fuentes oficiales, el hurto afectó cerca de 150 metros de cableado en zonas rurales de difícil acceso, como Los Yébenes y Manzaneque, y ocasionó la desconexión de sistemas de señalización clave en la línea de alta velocidad.
A pesar de los esfuerzos técnicos, hacia el mediodía solo el 70% del tráfico ferroviario había sido normalizado. Se espera que entre las 14:00 y las 16:00 horas el servicio quede restablecido en su totalidad, aunque persistían retrasos de hasta dos horas en algunos trayectos. En paralelo, la Guardia Civil mantiene abierta una investigación para determinar los responsables de la acción, que fuentes de Renfe han insistido en considerar “claramente intencionada” dado el bajo valor comercial del material sustraído y la complejidad de acceder a las zonas afectadas.
La gravedad del incidente ha escalado rápidamente al terreno político. Mientras desde el Gobierno se insiste en que se trata de una acción criminal con intenciones de sabotaje, la oposición ha dirigido sus críticas hacia el Ejecutivo, acusándolo de negligencia en la seguridad de las infraestructuras. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó que “nada funciona desde hace años”, en alusión al deterioro progresivo del sistema ferroviario, y responsabilizó al Gobierno central por la falta de inversión y previsión.
En la misma línea, la vicesecretaria del Partido Popular, Carmen Fúnez, quien viajaba en uno de los trenes afectados, denunció en redes sociales la ausencia de alternativas logísticas y la desinformación sufrida por los pasajeros. “No somos víctimas del robo, somos víctimas de una gestión ineficaz”, afirmó, reclamando soluciones inmediatas y mayores medidas de seguridad en la red.
Desde el lado gubernamental, el PSOE ha criticado con dureza lo que considera un uso electoralista del incidente. En un comunicado, acusaron al Partido Popular de instrumentalizar el malestar ciudadano para ganar terreno político, mientras no condenan con firmeza el sabotaje. “Cuando se pone en peligro la seguridad de miles de personas, lo mínimo que se espera de una oposición responsable es que actúe con altura institucional”, subrayaron fuentes socialistas.
El episodio también ha reabierto el debate sobre la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas del país. Aunque España cuenta con uno de los sistemas ferroviarios más avanzados del continente, los robos de cobre —en auge desde hace una década— siguen representando un riesgo persistente. Adif y las autoridades judiciales están preparando la denuncia correspondiente, mientras que los expertos advierten que será necesario reforzar los sistemas de vigilancia en tramos remotos.
En medio del cruce de versiones entre Renfe e Iryo —operadora privada involucrada en un segundo incidente con una catenaria— y mientras los pasajeros siguen recuperando la normalidad en sus itinerarios, el suceso deja al descubierto una combinación peligrosa: un acto delictivo con potencial para colapsar una red de transporte estratégica y una arena política cada vez más polarizada que convierte cualquier emergencia técnica en campo de batalla. La capacidad del sistema para prevenir, responder y proteger sus infraestructuras será clave para evitar que hechos como este se repitan con consecuencias aún mayores.
