La reconocida plataforma de alquiler turístico Airbnb, que durante años permitió a miles de cubanos participar directamente en la industria global del turismo, ha comenzado a disminuir notablemente su presencia en la isla. Aunque la demanda de alojamiento por parte de visitantes internacionales continúa, nuevas exigencias financieras y desafíos legales están complicando el acceso de los anfitriones cubanos al ecosistema digital.
Airbnb ha implementado una política que requiere que los pagos a anfitriones se realicen exclusivamente a través de cuentas bancarias en el extranjero, lo que excluye de facto a muchos usuarios en la isla que no disponen de mecanismos bancarios internacionales. Esta medida ha provocado una reducción considerable de la oferta de alojamientos disponibles, afectando directamente a quienes veían en esta actividad una fuente de ingresos en moneda dura.
En sus mejores momentos, más de mil propiedades en La Habana figuraban en la plataforma, constituyendo una alternativa legítima y sostenible para muchas familias. Hoy, sin embargo, solo quienes tienen vínculos con el exterior o acceso a redes financieras fuera del país logran mantenerse activos. Algunos anfitriones han optado por utilizar intermediarios para sortear las restricciones, aunque estas soluciones suelen implicar riesgos adicionales.
Agencias ubicadas en ciudades como Miami habían desempeñado un papel clave en facilitar el flujo de pagos desde el extranjero hacia los anfitriones cubanos. Sin embargo, los recientes cambios normativos en la política estadounidense y la creciente supervisión sobre este tipo de operaciones han limitado su capacidad de funcionar con normalidad.
En paralelo, la plataforma enfrenta procesos judiciales bajo el amparo de la Ley Helms-Burton. Según el abogado Manuel Vázquez, especializado en litigios vinculados a propiedades con reclamaciones en Estados Unidos, Airbnb está siendo demandada por presuntamente permitir el uso comercial de inmuebles ubicados en terrenos sujetos a reclamaciones legales. Estos casos añaden una carga legal significativa a las ya complejas operaciones de la empresa en la isla.
Airbnb también ha eliminado recientemente de su plataforma las populares “Experiencias” en Cuba, que ofrecían actividades culturales, artísticas o gastronómicas organizadas por locales. Estas iniciativas, que permitían a muchos emprendedores diversificar sus fuentes de ingreso y compartir la riqueza cultural del país con los visitantes, representaban un canal clave de interacción y dinamismo económico.
El escenario que enfrentan los anfitriones cubanos es cada vez más restrictivo. Con canales de pago limitados, presión legal sobre las plataformas tecnológicas y menor visibilidad internacional, muchos optan por el silencio, la reinvención o incluso la migración. Otros buscan alternativas en plataformas emergentes o regresan a modelos más informales de arrendamiento, menos visibles pero más adaptables a las nuevas circunstancias.
Lo que durante años se perfiló como una vía eficaz para vincular al sector privado cubano con el turismo internacional está perdiendo impulso. El retroceso de Airbnb en la isla no solo representa una pérdida económica, sino también el cierre de un espacio de autonomía y emprendimiento para cientos de ciudadanos que, a través de la hospitalidad, buscaban forjar un futuro más sostenible e independiente.
