La Unión Europea ha solicitado al Gobierno de Cuba que revise la decisión de revocar la libertad condicional otorgada a varios disidentes, entre ellos José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), y Félix Navarro, conocido activista político. Esta petición forma parte de un pronunciamiento más amplio en defensa de los derechos fundamentales, según reporta Europa Press.
A través de un comunicado emitido por el Servicio Europeo de Acción Exterior, el portavoz de Exteriores del bloque comunitario, Anouar El Anouni, expresó su preocupación por las medidas adoptadas por las autoridades cubanas y llamó a liberar a todas las personas detenidas por ejercer derechos como la libertad de expresión y de reunión pacífica. En la misma línea, reiteró la necesidad de que se respeten plenamente los derechos humanos en la isla, incluyendo las libertades fundamentales de quienes mantienen opiniones disidentes.
El pronunciamiento de la Unión Europea se enmarca dentro del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación que rige las relaciones bilaterales con Cuba, a través del cual se establecen mecanismos formales para abordar cuestiones como la situación de los derechos humanos. En este contexto, Bruselas ha asegurado que continuará supervisando los acontecimientos y utilizando las vías diplomáticas disponibles para expresar sus preocupaciones.
La respuesta del Gobierno cubano no se hizo esperar. El Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó de manera categórica la declaración europea, calificándola de “injerencista e irrespetuosa”, y defendió la autonomía del sistema judicial cubano. En su declaración, La Habana denunció que Bruselas “desconoce la verdad y la información del Tribunal Supremo”, y afirmó que la UE carece de legitimidad para emitir juicios sobre decisiones soberanas del Estado cubano.
La Embajada de Cuba ante la Unión Europea también se pronunció, señalando que el bloque no tiene autoridad moral ni competencia para evaluar la situación de los derechos humanos en la isla. Asimismo, cuestionó el respeto a las libertades fundamentales dentro del propio espacio europeo, sugiriendo que el diálogo entre ambas partes debe realizarse en condiciones de igualdad.
La revocación de la libertad condicional a Ferrer y Navarro fue justificada por el Tribunal Supremo cubano con el argumento de que ambos incumplieron las condiciones legales del período de prueba. Sin embargo, organizaciones como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos han denunciado la medida como un nuevo intento del gobierno de silenciar voces críticas. En sintonía con esta postura, el Gobierno de Estados Unidos calificó la detención de ambos opositores como «injusta».
El incidente se suma a una serie de tensiones recurrentes entre Cuba y actores internacionales que cuestionan el trato del régimen a los disidentes, mientras La Habana insiste en la defensa de su soberanía judicial y rechaza las críticas externas como actos de interferencia.
