Ernesto Borges Pérez, antiguo oficial del Ministerio del Interior de Cuba, fue puesto en libertad este jueves 24 de abril de 2025, tras pasar casi tres décadas en prisión por cargos de espionaje. Su excarcelación, que tuvo lugar en el Combinado del Este, el penal de mayor seguridad de La Habana, fue recibida por su hermano, César Borges, quien lo esperó desde las primeras horas de la mañana. El caso de Borges ha sido largamente citado por organizaciones internacionales de derechos humanos como un ejemplo de represión política bajo el actual sistema cubano.
Con rango de capitán en el área de Contrainteligencia y Juegos Operativos del Ministerio del Interior, Borges fue arrestado en 1998, a los 32 años, tras ser acusado de intentar filtrar información altamente confidencial a diplomáticos estadounidenses. Según informes difundidos en aquel momento, el exoficial pretendía entregar una lista con los nombres de más de dos docenas de agentes cubanos que el gobierno planeaba infiltrar en Estados Unidos y naciones aliadas de la OTAN.
Pese a que la entrega de dicha información no llegó a consumarse, las autoridades lo sometieron a un proceso judicial militar de carácter secreto, en el que inicialmente se solicitó la pena capital. Posteriormente, su castigo fue conmutado a una condena de 30 años de prisión. Durante su reclusión, Borges estuvo sometido a condiciones penitenciarias extremas, incluyendo aislamiento prolongado, falta de atención médica especializada y severas restricciones al contacto con sus familiares. Una de las situaciones más duras, según su entorno, fue el hecho de no haber podido abrazar a su hija durante más de veinte años.
El deterioro físico del exoficial ha sido motivo de preocupación constante entre defensores de derechos humanos. A lo largo de los años, se reportaron múltiples dolencias no atendidas adecuadamente, entre ellas cataratas avanzadas y una hernia inguinal.
La liberación de Borges es considerada por múltiples actores del exilio cubano y organizaciones prodemocracia como una reivindicación moral. Para muchos, su caso no solo refleja la dureza del sistema judicial cubano hacia quienes disienten desde dentro de sus propias estructuras, sino también el costo humano que conlleva actuar en función de principios éticos en un entorno hostil a la disidencia.
A través del tiempo, su figura ha sido reivindicada como un símbolo de resistencia cívica, tanto por su intento de impedir operaciones de inteligencia en el extranjero como por su negativa a arrepentirse o colaborar con las autoridades durante su prolongado encierro. Diversos sectores críticos del régimen lo consideran un ejemplo de cómo el aparato estatal no solo persigue a la oposición externa, sino también castiga con severidad a quienes, desde dentro del sistema, intentan exponer o frenar sus prácticas.
Con su salida de prisión, se reabre el debate sobre el trato a los presos políticos en Cuba y el uso del sistema penal como herramienta de control ideológico. Aunque aún resta por conocerse si Borges podrá expresar públicamente sus reflexiones tras tantos años de silencio forzado, su excarcelación es ya percibida como un hito que, más allá de lo individual, incide en la narrativa contemporánea de la lucha por los derechos fundamentales en la isla.
