El juez federal James Boasberg ha solicitado explicaciones al Departamento de Justicia después de que la Administración del expresidente Donald Trump continuara con la deportación de ciudadanos venezolanos, a pesar de una orden emitida por el magistrado para detener estos procedimientos. Según reporta Europa Press, la orden judicial se dictó el sábado, pero fue ignorada por las autoridades, que ejecutaron expulsiones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789, la cual otorga al presidente facultades especiales para deportar ciudadanos de determinados países en tiempos de guerra.
Boasberg presidió este lunes una audiencia en la que exigió respuestas sobre los vuelos de deportación, incluyendo detalles sobre sus horarios de salida, aterrizajes en países centroamericanos y la entrega de los deportados a las autoridades extranjeras. Además, ordenó al juez del Departamento de Justicia, Abhishek Kambli, justificar por qué considera que esta información no debe hacerse pública.
El magistrado reprochó a la Administración Trump haber actuado como si su decisión no tuviera validez. «Parece que han decidido ignorarla y hacer lo que quieran», expresó. Por su parte, el Departamento de Justicia argumentó que la orden judicial no era aplicable porque fue dada de forma oral, sosteniendo que solo las órdenes escritas tienen validez legal.
Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han denunciado que, al momento de la decisión judicial, al menos dos aviones con ciudadanos venezolanos aún estaban en vuelo y bajo jurisdicción estadounidense, por lo que debieron haber regresado a territorio estadounidense.
En otro suceso relacionado, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó el domingo que 238 presuntos miembros de la organización criminal Tren de Aragua fueron deportados desde Estados Unidos a su país bajo la misma ley de 1789, que otorga poderes especiales al presidente en tiempos de conflicto.
