El reciente decreto firmado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que busca negar la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados, ha reavivado el debate sobre el derecho de nacimiento. Este principio, que otorga la ciudadanía a cualquier persona nacida en el territorio de un país, no es exclusivo de Estados Unidos, sino que es reconocido en más de 30 naciones alrededor del mundo, según la Biblioteca Jurídica del Congreso.
A pesar de las declaraciones del mandatario estadounidense, que afirmó que Estados Unidos es el único país que aplica este derecho sin restricciones, los datos muestran que la mayoría de los países que lo reconocen se encuentran en el hemisferio occidental, abarcando América del Norte, Central y del Sur. En otras partes del mundo, la ciudadanía por nacimiento suele estar sujeta a ciertas condiciones relacionadas con el estatus migratorio de los progenitores.
Origen y desarrollo del derecho de suelo
El concepto de ciudadanía por nacimiento en América se remonta a la influencia británica en sus colonias, donde la legislación inglesa establecía que toda persona nacida en un territorio bajo dominio del monarca era considerada un «súbdito natural». Esta idea perduró en Estados Unidos tras su independencia y fue formalizada en la 14ª Enmienda de la Constitución en 1868, después de la Guerra Civil, garantizando la ciudadanía a todas las personas nacidas en suelo estadounidense.
Otros países de América adoptaron el derecho de suelo por razones económicas y demográficas. En el siglo XIX, las poblaciones de la región eran relativamente pequeñas en comparación con otras áreas colonizadas, por lo que otorgar la ciudadanía a los recién nacidos era una estrategia para atraer más habitantes y fortalecer la fuerza laboral.
Factores políticos y sociales
En América Latina, la implementación del derecho de suelo también respondió a un deseo de consolidar identidades nacionales tras la independencia de las potencias coloniales europeas. Algunos gobiernos temían que, sin esta medida, antiguas metópolis como España pudieran reclamar jurisdicción sobre descendientes de ciudadanos españoles nacidos en territorios americanos.
En contraste, muchas naciones de Asia y África han optado por el derecho de sangre (ius sanguinis), basado en la ascendencia y los lazos familiares en lugar del lugar de nacimiento. En algunos casos, este modelo fue heredado de las potencias coloniales europeas, mientras que en otros fue adoptado de manera independiente como un medio para definir la ciudadanía en términos étnicos y culturales.
Restricciones y cambios en el derecho de suelo
A lo largo del tiempo, varios países que antes otorgaban la ciudadanía por nacimiento han restringido o eliminado esta práctica. En Reino Unido, por ejemplo, la Ley de Nacionalidad Británica de la década de 1980 introdujo requisitos adicionales, como la necesidad de que al menos uno de los padres tenga la residencia legal en el país.
En Europa, la preocupación de que algunos inmigrantes pudieran utilizar el derecho de suelo para asegurar la ciudadanía de sus hijos ha llevado a reformas en las políticas migratorias y de nacionalidad. Esta misma preocupación es la que ahora impulsa las iniciativas de Donald Trump y sus seguidores en Estados Unidos.
El debate sobre la ciudadanía por nacimiento sigue vigente y su evolución dependerá de factores políticos, económicos y sociales en cada país. Mientras tanto, en América, el derecho de suelo sigue siendo un pilar fundamental para definir la identidad y la nacionalidad de millones de personas.
Fuente: Con información de CNN
