El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha presentado una polémica reforma constitucional que busca convertirlo a él y a su esposa, Rosario Murillo, actual vicepresidenta, en “copresidentes” del país. Esta propuesta, considerada por muchos como un intento de institucionalizar un sistema de poder matrimonial, también incluye la ampliación del mandato presidencial de cinco a seis años.
Control absoluto del poder legislativo
Aunque la reforma debe ser aprobada por la legislatura nicaragüense, el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), liderado por Ortega, domina completamente el Congreso y las instituciones gubernamentales, lo que hace que su aprobación sea prácticamente segura. Esta iniciativa es vista como un paso más hacia la consolidación del control absoluto del gobierno sobre el país centroamericano.
En paralelo, Ortega presentó un proyecto de ley que busca criminalizar la implementación de sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos y otros organismos dentro del territorio nicaragüense. Esta medida, según analistas, pretende blindar al gobierno frente a las crecientes presiones internacionales y sanciones económicas derivadas de sus políticas autoritarias.
Rechazo internacional y condena de la OEA
La Organización de Estados Americanos (OEA) emitió una fuerte condena a las reformas propuestas, calificándolas de ilegítimas y señalando que representan “una aberrante forma de institucionalización de la dictadura matrimonial en el país”. En su comunicado, la OEA destacó que estas medidas constituyen una agresión directa contra el Estado de derecho y la democracia en Nicaragua.
Grupos opositores y disidentes, como la Alianza Universitaria Nicaragüense, también expresaron su rechazo a la reforma, señalando que esta perpetúa el nepotismo y la represión gubernamental. “La democracia enfrenta su mayor amenaza con esta institucionalización de un sistema autoritario”, afirmó la organización en sus redes sociales.
Contexto de represión y crisis democrática
La propuesta llega en un momento en que Nicaragua enfrenta una severa crisis política y social. Desde las masivas protestas de 2018, el gobierno de Ortega ha incrementado la represión, encarcelando a opositores, líderes religiosos y periodistas, y despojando de la ciudadanía a cientos de personas. Más de 5,000 organizaciones, muchas de ellas religiosas, han sido clausuradas, y miles de ciudadanos se han visto obligados a exiliarse.
Manuel Orozco, analista del centro Diálogo Interamericano, advirtió que la reforma es parte de un plan a largo plazo para garantizar que Ortega y su círculo cercano permanezcan en el poder. Aunque el rechazo a las sanciones internacionales puede no tener un impacto inmediato, Orozco señaló que estas medidas podrían aumentar el riesgo financiero del país y generar nuevas sanciones por parte de Estados Unidos.
Desafíos internacionales y futuro incierto
La reforma también podría provocar tensiones con el gobierno de Estados Unidos. Según Orozco, el gobierno de Donald Trump, que podría asumir la presidencia próximamente, no priorizará la situación en Nicaragua, pero tampoco tolerará provocaciones directas. Esto deja al país en una posición delicada, con un alto riesgo de aislamiento internacional y consecuencias económicas severas.
La propuesta de Ortega y Murillo de convertirse en «copresidentes» ha encendido alarmas dentro y fuera del país, y se perfila como otro capítulo en la erosión de la democracia nicaragüense, con implicaciones profundas para el futuro político, social y económico del país.
