El expresidente de Bolivia, Evo Morales, ha denunciado haber sido víctima de un intento de asesinato este domingo, cuando un grupo de encapuchados abrió fuego contra su convoy mientras se dirigía a un programa de radio en Lauca Ñ, en el centro del país. Morales responsabilizó al presidente Luis Arce del ataque, lo que intensifica aún más las tensiones políticas en el país.
Según la denuncia del exmandatario, al menos cuatro personas encapuchadas dispararon catorce veces contra su vehículo, golpeando incluso el parabrisas delantero. Morales señaló que, al percatarse del ataque, el convoy aceleró, y él, ubicado en el asiento del copiloto, intentó comunicarse para denunciar que estaban siendo «perseguidos». A raíz del incidente, uno de sus conductores resultó herido en la cabeza y el brazo, pero el expresidente afirmó que lograron escapar sin mayores daños personales.
El expresidente vincula este presunto atentado con el presidente Arce, de quien fuera aliado, acusándolo de haber “perdido legitimidad” y de estar detrás de una “operación combinada con fuerzas policiales y militares” que, asegura, fue frustrada gracias a la acción de los movimientos sociales que le apoyan. Morales, en su mensaje a través de redes sociales, criticó la situación actual del gobierno, acusándolo de ineficiencia y corrupción, y aseguró que cuentan con el respaldo de un «pueblo comprometido y movilizado».
Desde el gobierno, la respuesta llegó a través del viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, quien afirmó que el incidente será investigado a fondo, sin descartar la posibilidad de que pudiera tratarse de un autoatentado. Ríos también desmintió que exista alguna orden de aprehensión contra Morales y negó la posibilidad de una declaración de estado de sitio, calificando las acusaciones del exmandatario como “despropósitos”. Sin embargo, indicó que la policía está dispuesta a actuar para despejar los bloqueos de carretera organizados por los seguidores de Morales, que se mantienen desde hace dos semanas, especialmente en Cochabamba.
Por otro lado, el presidente Arce ordenó una investigación inmediata y exhaustiva sobre el «presunto atentado», asegurando en sus redes sociales que cualquier acto de violencia en la política debe ser condenado y aclarado, y rechazando las «especulaciones tendenciosas».
En apoyo a Morales, el exministro Juan Ramón Quintana instó a los movimientos sociales a proteger al expresidente, afirmando que «Bolivia ya no es segura» para él y sugiriendo la necesidad de que salga del país. Entretanto, la oposición conservadora ha instado al gobierno a evitar que Morales se fugue, recordando que el exmandatario enfrenta acusaciones de delitos de violación a menores y otros cargos, que según la oposición, justificarían su retención.
El conflicto también se extendió hasta el cuartel de la 9ª División del Ejército en Chimoré, donde simpatizantes de Morales intentaron ingresar tras conocer del atentado. En videos difundidos por Radio Kawsachun Coca se observa a civiles enfrentándose con militares, quienes dispararon al aire para dispersarlos. Los simpatizantes se llevaron e incendiaron dos vehículos del cuartel, después de que un soldado confirmara que las camionetas usadas en el ataque habían ingresado a la base con policías vestidos de civil que luego se retiraron en helicóptero.
Evo Morales también informó que presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitando una intervención urgente bajo el Artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Morales además ha recibido mensajes de apoyo de líderes latinoamericanos, entre ellos Gustavo Petro, presidente de Colombia, Xiomara Castro, presidenta de Honduras, y la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, quienes expresaron su solidaridad y condena por el ataque denunciado.
