Crecen las denuncias contra el Consulado de España en La Habana, donde ciudadanos cubanos han reportado presuntas irregularidades en el proceso de citas para entrevistas relacionadas con la Ley de Memoria Democrática. Afectados aseguran que los turnos, especialmente aquellos para menores, son controlados por gestores externos que, según los testimonios, han convertido el trámite en un negocio lucrativo, cobrando hasta 200 dólares o euros por una cita que, en teoría, debería ser gratuita. Los perjudicados han presentado sus quejas ante el Gobierno español, esperando una intervención que regularice el acceso y garantice la transparencia en este servicio consular.
La Ley de Memoria Democrática busca facilitar la nacionalización de descendientes de españoles que, por diversas razones, no pudieron optar a la ciudadanía en el pasado. Sin embargo, el proceso para obtener una cita en el Consulado de España en La Habana se ha convertido en un obstáculo difícil de superar para los solicitantes. Según las denuncias, el sistema de citas ha presentado irregularidades desde su implementación, y en lugar de ser accesible, ha caído en un esquema donde las citas se consiguen únicamente mediante sobornos y tratos con intermediarios.
Los usuarios afirman que los gestores tienen acceso preferencial tanto al sistema antiguo como al nuevo, los cuales supuestamente ya no están al alcance de todos. Aseguran que el sistema más reciente, en un principio implementado para agilizar el proceso, ha mostrado múltiples problemas: el enlace para reservar citas desaparece por largos períodos, y cuando vuelve a estar disponible, es en horarios específicos, generalmente de madrugada, y con tan breve disponibilidad que resulta inaccesible para la mayoría de los usuarios.
Esta situación ha generado un ambiente de desconfianza y frustración. Quienes no logran acceder a las citas de manera directa se ven forzados a recurrir a gestores externos, quienes, según los testimonios, parecen tener una ventaja injustificada. Varias de las citas, que aparecen brevemente como disponibles en la madrugada, son capturadas casi exclusivamente por estas personas que luego las revenden. Los denunciantes aseguran que estas citas ya están ocupadas hasta el 11 de noviembre, lo cual complica aún más los planes de quienes desean cumplir con el proceso de manera formal y legal.
Para muchos, el obstáculo económico es otro factor alarmante. Los gestores ofrecen sus servicios a precios exorbitantes, que oscilan entre 100 y 200 dólares o euros, sumas que superan ampliamente los ingresos de los ciudadanos promedio en Cuba. Esta situación genera una barrera económica que excluye a quienes no pueden permitirse pagar estos elevados costos adicionales, imposibilitando que accedan a la ciudadanía española.
La falta de soluciones por parte de las autoridades españolas también es motivo de indignación. Los afectados reclaman que el Gobierno español tome cartas en el asunto para garantizar un proceso justo y accesible. Las denuncias buscan llamar la atención sobre la necesidad urgente de una supervisión y control más estricto del sistema de citas en el Consulado de España en La Habana, y piden que se investigue a fondo la actuación de los gestores externos y su relación con el personal consular.
Hasta el momento, no se ha emitido una respuesta oficial que ofrezca claridad o soluciones concretas para los afectados, mientras que la situación en el Consulado continúa siendo una fuente de angustia para aquellos que dependen de este servicio.
