Gerardo Díaz Alonso, un cubano de 33 años, falleció en la prisión de Canaleta, en la provincia de Matanzas, tras sufrir un infarto. Díaz Alonso estaba cumpliendo una condena de 14 años de privación de libertad por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en la ciudad de Cárdenas, Matanzas. Las manifestaciones, que se extendieron por todo el país, fueron una de las mayores muestras de descontento popular en décadas y resultaron en la detención de cientos de personas.
El gobierno cubano no reconoce la existencia de presos políticos en la isla y clasifica a los detenidos por su participación en dichas protestas como delincuentes comunes, acusándolos de delitos como «desórdenes públicos», «desacato» y «vandalismo». Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos, tanto dentro como fuera de Cuba, consideran a Díaz Alonso y a otros detenidos por el 11 de julio como presos políticos, ya que su encarcelamiento está directamente relacionado con su participación en las manifestaciones pacíficas contra el gobierno.
Díaz Alonso fue arrestado tras las protestas de 2021, que surgieron como respuesta al deterioro de la situación económica y las crecientes restricciones en el país, exacerbadas por la pandemia de COVID-19. Las autoridades lo acusaron de instigar disturbios y participar en actos de desobediencia civil, cargos que le valieron una condena de 14 años de prisión.
Su fallecimiento en la cárcel ha generado gran preocupación entre familiares, activistas y organizaciones internacionales, que han denunciado las malas condiciones en las que se encuentran muchos de los presos en las cárceles cubanas. Varias organizaciones han señalado el deterioro de la salud de muchos de estos detenidos, la falta de atención médica adecuada y los malos tratos, lo que agrava aún más su situación. El caso de Díaz Alonso no es el primero en el que un prisionero vinculado a las protestas de 2021 fallece bajo custodia, lo que ha aumentado las críticas hacia el sistema penitenciario cubano.
Los defensores de los derechos humanos han pedido una investigación transparente sobre las circunstancias que rodearon su muerte y exigen que las autoridades cubanas rindan cuentas por el trato a los detenidos en las prisiones de la isla. Hasta el momento, el gobierno cubano no ha emitido una declaración oficial sobre la muerte de Díaz Alonso, y continúa negando que haya presos políticos en el país, manteniendo la postura de que todos los detenidos tras las protestas son criminales que violaron las leyes del país.
El fallecimiento de Gerardo Díaz Alonso resalta la tensa situación política y social que se vive en Cuba, donde la represión y el encarcelamiento de quienes disienten continúan siendo objeto de atención internacional. Mientras tanto, sus familiares y amigos lamentan la pérdida de un joven que, según sostienen, solo ejerció su derecho a expresarse pacíficamente.
