El Tribunal Supremo de España rechazó este lunes 9 de noviembre las solicitudes de Vox e Iustitia Europa para impedir que cerca de 190.000 descendientes de españoles nacionalizados participen en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La resolución mantiene su derecho al voto, aunque continúa vigente una suspensión que afecta a otro grupo de ciudadanos nacionalizados.
La decisión fue adoptada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que desestimó las medidas cautelares solicitadas para ampliar las restricciones electorales a 189.678 personas inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Se trata de hijos mayores de edad de ciudadanos que adquirieron la nacionalidad española mediante disposiciones vinculadas a las leyes de memoria histórica y democrática.
El principal argumento del tribunal fue la proximidad de las elecciones. Los magistrados consideraron que identificar individualmente a los afectados, revisar sus expedientes y modificar el censo a pocas semanas de la votación supondría dificultades de ejecución y podría comprometer la seguridad jurídica del proceso electoral.
La controversia tiene su origen en una decisión anterior del propio Supremo, que en septiembre suspendió cautelarmente el derecho al voto de más de 163.000 personas nacionalizadas mediante determinadas disposiciones de la Ley de Memoria Democrática de 2022. Esa restricción continúa vigente para los afectados que no hayan acreditado las condiciones exigidas para quedar exceptuados.
Vox e Iustitia Europa pretendían extender la suspensión a los hijos de esos nacionalizados, argumentando que su inscripción electoral también debía ser examinada. Sin embargo, la Abogacía del Estado se opuso a la ampliación, al advertir que introducir nuevas modificaciones en el censo exterior podría dificultar los procedimientos electorales y afectar los plazos establecidos.
La resolución tiene especial relevancia para miles de familias descendientes de emigrantes españoles residentes en América Latina, incluidas aquellas de origen cubano que han accedido a la ciudadanía mediante estas disposiciones legales. No obstante, la cifra de 189.678 electores también incluye a descendientes de personas nacionalizadas bajo la legislación de 2007, por lo que no todos pertenecen exclusivamente al grupo acogido a la ley de 2022.
El fallo permite que este colectivo conserve su participación electoral el 29 de noviembre, pero no resuelve definitivamente todas las controversias judiciales relacionadas con el censo exterior. La diferencia entre quienes podrán votar y quienes mantienen suspendido cautelarmente ese derecho continúa siendo uno de los asuntos más delicados del proceso electoral español.
Fuentes: Tribunal Supremo de España, Servimedia, Agencia EFE y RTVE.
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