La Comisión Europea ha anunciado este jueves que llevará a Hungría ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), argumentando que la ‘Ley de Soberanía’, impulsada por el gobierno de Viktor Orbán, viola varios derechos fundamentales de la Unión Europea. Esta ley, que pretende combatir injerencias extranjeras, ha sido criticada por la oposición húngara, que la ve como un intento de silenciar a las voces críticas del régimen.
El proceso sancionador comenzó en febrero, cuando Bruselas abrió un expediente contra Budapest, buscando dialogar con las autoridades húngaras para que rectificaran o modificaran los puntos más preocupantes de la ley. Sin embargo, la Comisión ha concluido que el gobierno de Orbán no ha realizado los ajustes necesarios.
En concreto, Bruselas denuncia que la legislación húngara vulnera derechos como la vida privada y familiar, la libertad de expresión e información, la libertad de asociación y el derecho al secreto profesional, además de la presunción de inocencia. También señala que la ley podría forzar a personas a autoinculparse.
A lo largo de este proceso, la Comisión Europea envió un segundo aviso en mayo, intentando buscar una solución consensuada. Sin embargo, Hungría no ha mostrado disposición para modificar su legislación, lo que ha llevado a la Comisión a proceder con la denuncia formal. Además de las violaciones a derechos fundamentales, Bruselas señala que la ley también infringe libertades del Mercado Interior de la UE, afectando directivas sobre comercio online y la protección de datos.
La ley, que fue aprobada en diciembre del año pasado, establece la creación de una Oficina de Defensa de la Soberanía, la cual investigará actividades que puedan beneficiar a Estados extranjeros o entidades externas que puedan poner en peligro la soberanía húngara o influir en las decisiones de voto de sus ciudadanos.
Este enfrentamiento entre Bruselas y Hungría es uno más en la larga serie de tensiones entre el gobierno de Orbán y las instituciones europeas, especialmente en lo referente a derechos democráticos y libertades fundamentales en el marco de la Unión Europea.
