El Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre, en La Habana, condenó este jueves 5 de noviembre a cuatro integrantes de la masonería cubana, entre ellos Ángel Santiesteban Prats y José Ramón Viñas Alonso. Las sanciones incluyen penas de entre dos y cuatro años de limitación de libertad, multas económicas y restricciones adicionales de derechos.
Según informó La Tijera News, que recoge reportes sobre el proceso judicial, el tribunal impuso las mismas penas principales solicitadas por la Fiscalía, además de multas de 20.000 y 25.000 pesos cubanos. Las condenas también contemplan la privación de determinados derechos, la prohibición de abandonar el territorio nacional y restricciones para ejercer ciertos cargos u oficios.
El procedimiento está relacionado con presuntas operaciones de cambio de dólares pertenecientes al Asilo Nacional Masónico «Llansó», realizadas fuera de los mecanismos legalmente autorizados. Una nota informativa de la propia institución masónica había vinculado el caso con estas transacciones, aunque no se dispone de todos los detalles de las pruebas examinadas durante el juicio.
Entre los condenados figuran Santiesteban Prats y Viñas Alonso, dos nombres vinculados a las controversias que han rodeado a la masonería cubana. El proceso se desarrolla en un contexto de tensiones internas y denuncias sobre presuntas presiones de las autoridades contra representantes de esta organización, históricamente vinculada a la vida asociativa y cultural del país.
Las condenas han generado cuestionamientos sobre la proporcionalidad de las sanciones y las garantías del procedimiento judicial. Aunque las autoridades sostienen la aplicación de las disposiciones legales relacionadas con operaciones monetarias, sectores críticos consideran necesario esclarecer si el proceso respondió exclusivamente a hechos de naturaleza económica o si existieron otras motivaciones. Hasta el momento no se han presentado pruebas independientes que permitan establecer una finalidad política detrás de las sentencias.
La imposición de restricciones de movimiento y limitaciones para ejercer cargos añade consecuencias personales y profesionales a las penas principales. También plantea interrogantes sobre el impacto que estas decisiones podrían tener en el funcionamiento de la masonería cubana y en la autonomía de sus estructuras organizativas.
Por ahora, se desconoce si los condenados presentarán recursos contra las sentencias o si sus abogados han anunciado nuevas acciones legales. El caso mantiene la atención sobre la relación entre las instituciones estatales y las organizaciones independientes de la sociedad civil cubana, así como sobre la necesidad de garantizar procesos judiciales transparentes y ajustados a derecho.
Fuente: La Tijera News y reportes sobre el proceso judicial contra directivos de la masonería cubana.
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