En medio de una nueva ola de protestas provocadas por apagones interminables, escasez de alimentos, falta de agua, deterioro de los servicios públicos y una crisis económica que golpea cada vez con más fuerza a las familias cubanas, comenzaron a circular mensajes de corte oficialista que advierten con penas de prisión a quienes salgan a las calles.
La publicación, difundida por la página Verdades a Través del Móvil y atribuida a Alejandro Noticias Cuba, habla de aplicar “todo el rigor” de la ley contra quienes sean considerados responsables de desórdenes públicos, vandalismo o acciones destinadas a “desestabilizar” el país.
El lenguaje utilizado resulta especialmente preocupante porque aparece justo cuando crece el malestar social. En lugar de centrarse únicamente en las causas que llevan a los ciudadanos a protestar —apagones de muchas horas, alimentos cada vez más caros, salarios insuficientes, transporte deteriorado y servicios básicos en crisis—, el mensaje vuelve a recurrir al viejo esquema de responsabilizar al “enemigo externo” y presentar cualquier estallido social como producto de una manipulación extranjera.
La propaganda oficialista ya comenzó.
El mensaje menciona penas de prisión de varios años, advierte sobre las consecuencias de bloquear calles, participar en grupos o difundir determinados contenidos en redes sociales y utiliza términos como “provocadores”, “delincuentes potenciales” y “contrarrevolucionarios”.
Aunque CubaHerald no ha localizado hasta ahora un comunicado oficial emitido este viernes por el Ministerio del Interior, la Fiscalía o el Tribunal Supremo que reproduzca exactamente esta advertencia, el contenido resulta coherente con un discurso utilizado anteriormente por las autoridades cubanas frente a episodios de protesta.
La señal que se transmite es difícil de ignorar: cuando aumenta la posibilidad de que la población salga a las calles por las condiciones en las que vive, comienzan también los mensajes destinados a recordar que protestar puede tener consecuencias penales.
Ese enfoque resulta particularmente polémico porque no todas las manifestaciones constituyen actos violentos ni vandalismo. Una cosa es destruir propiedades, agredir personas o cometer delitos, y otra muy diferente es que ciudadanos se concentren para exigir electricidad, comida, agua o respuestas ante una situación que consideran insoportable.
Equiparar indiscriminadamente protesta social con delincuencia puede convertirse en una herramienta de intimidación.
En los últimos meses han aumentado los reportes de manifestaciones espontáneas en diferentes puntos del país, muchas de ellas motivadas por los cortes eléctricos. Vecinos han salido a tocar cazuelas, bloquear temporalmente calles o exigir el restablecimiento del servicio eléctrico después de pasar largas horas sin corriente.
La respuesta a ese descontento no puede limitarse a patrullas, advertencias de cárcel y campañas de propaganda.
Cuba atraviesa una crisis extremadamente profunda y el malestar social tiene causas concretas. Cuando una familia pierde alimentos porque pasa horas sin electricidad, cuando conseguir comida se convierte en una lucha diaria, cuando no hay combustible, medicamentos o transporte suficientes, el descontento no necesita ser fabricado desde el extranjero.
Existe porque las personas lo viven todos los días.
El Gobierno cubano insiste en atribuir gran parte de la crisis al embargo y a las sanciones de Estados Unidos. Sin embargo, ese argumento no elimina la responsabilidad interna por décadas de ineficiencia económica, deterioro de infraestructuras, falta de inversión, restricciones productivas y decisiones políticas que tampoco han conseguido mejorar las condiciones de vida.
Ahora, mientras aumenta la frustración en las calles, vuelve a aparecer una fórmula conocida: primero justificar la crisis, después desacreditar a quienes protestan y finalmente recordarles las penas que pueden enfrentar.
El verdadero riesgo para Cuba no es que un ciudadano reclame porque lleva horas sin electricidad. El problema más profundo es una sociedad sometida a niveles cada vez mayores de precariedad, sin soluciones visibles y con una población que siente que sus reclamos no encuentran respuesta.
Amenazar con cárcel puede contener momentáneamente una protesta. Lo que no puede hacer es encender una planta eléctrica, llenar una farmacia, poner comida en una mesa o devolver la esperanza a una población agotada.
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