El excandidato opositor Edmundo González, principal rival de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, abandonó Venezuela el domingo 8 de septiembre. González, de 75 años, quien había estado en la clandestinidad durante más de un mes, solicitó y obtuvo asilo político en España. Acusado por el régimen chavista de cinco delitos, entre ellos usurpación de funciones y falsificación de documentos públicos, fue objeto de una orden de captura emitida tras ignorar tres citaciones judiciales.
Refugiado inicialmente en la embajada española en Caracas, González y su esposa, Mercedes, partieron de Venezuela en un avión del Ejército del Aire español. La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, confirmó que el gobierno de Maduro otorgó un salvoconducto para su salida, en aras de la “paz política” del país.
La salida de González se produce en un contexto de elevada tensión política. Los resultados de las elecciones presidenciales han sido impugnados por la oposición y varios países de la comunidad internacional. González y la líder opositora María Corina Machado denunciaron fraude electoral, afirmando que los registros que poseen lo posicionan como el verdadero ganador de los comicios. Sin embargo, el gobierno de Maduro ha desestimado estas acusaciones, calificándolas de “fabricadas”.
El conflicto escaló un día antes, cuando el gobierno venezolano revocó la autorización otorgada a Brasil para representar a la embajada argentina en Caracas, luego de la ruptura diplomática con Buenos Aires y otras naciones que criticaron la reelección de Maduro.
Por su parte, el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, afirmó que tanto González como Machado instigaron las protestas que se desataron tras la proclamación de la victoria de Maduro. Estas manifestaciones resultaron en 27 muertos y más de 2.000 detenidos.
La partida de González refleja la creciente crisis política y diplomática que vive Venezuela, agravada por las acusaciones de fraude electoral y las fuertes tensiones con países vecinos. Mientras tanto, España reiteró su compromiso con los derechos humanos y la protección de los opositores venezolanos, destacando la importancia de preservar la democracia en el país.