El Tribunal Supremo de Brasil ha emitido una orden para suspender la operación de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, en todo el territorio nacional. La decisión surge tras la negativa de la empresa, propiedad de Elon Musk, a designar un representante legal en el país, una obligación impuesta por la legislación brasileña.
El juez Alexandre de Moraes, encargado del caso, había advertido a la compañía que se enfrentaría a la suspensión si no cumplía con la orden de nombrar un representante en un plazo de 24 horas. Desde principios de agosto, X no ha contado con un representante en Brasil, lo que ha generado tensiones entre la plataforma y el sistema judicial del país. De Moraes determinó que la red social permanecerá bloqueada hasta que la empresa cumpla con la normativa.
El empresario Elon Musk respondió a la decisión del Tribunal a través de su red social, donde acusó al juez de actuar con fines políticos, argumentando que la libertad de expresión está en peligro en Brasil. Musk ha sostenido que las acciones judiciales son un intento de censura contra sus usuarios, especialmente aquellos que apoyan a la derecha política en Brasil.
X, que ha enfrentado una pérdida significativa de anunciantes desde la adquisición por parte de Musk en 2022, cuenta con alrededor de 40 millones de usuarios en Brasil, lo que representa aproximadamente una quinta parte de la población. Este mercado es crucial para la red social, lo que hace que la orden de suspensión tenga un impacto considerable.
El juez de Moraes ha sido un actor clave en las decisiones judiciales que han afectado a la red social en Brasil, incluyendo la orden de cierre de cuentas de varios legisladores y activistas afiliados al expresidente Jair Bolsonaro, acusados de intentar socavar la democracia en el país.
El conflicto entre X y el Tribunal Supremo de Brasil ha generado un intenso debate sobre la libertad de expresión y las responsabilidades legales de las plataformas digitales en el país. La situación ha sido seguida de cerca tanto por el público como por otros actores globales en el ámbito de la tecnología y la libertad de prensa. La resolución del conflicto podría establecer un precedente significativo para la regulación de las redes sociales en Brasil y en otros países.
