La indignación vuelve a crecer en Guanabacoa tras una nueva denuncia ciudadana contra inspectoras estatales, esta vez por la imposición de multas que, según una trabajadora por cuenta propia, suman 70 000 pesos cubanos contra una pequeña cafetería. El caso se suma a otras quejas difundidas en redes sociales durante los últimos días y refuerza una percepción cada vez más extendida: el sistema de inspección se ha convertido, para muchos emprendedores, en una maquinaria de presión, castigo y presunta corrupción.
La denunciante, propietaria de una modesta cafetería en Guanabacoa, aseguró en un video que su negocio apenas logra vender en sus mejores días unos 10 000 pesos, cifra que —según explicó— ya ni siquiera alcanza con frecuencia debido a la crisis económica que atraviesa Cuba. Aun así, inspectoras habrían impuesto varias sanciones que acumuladas llegan a 70 000 pesos, una cantidad desproporcionada para un pequeño establecimiento que sobrevive entre escasez, apagones, inflación y caída del consumo.
Según su testimonio, la multa fue aplicada mientras ella no se encontraba en su vivienda y había dejado el negocio a cargo de una amiga. La mujer afirmó que la trabajadora tenía sus documentos en regla, contrato y chequeo médico, y que las compras del negocio contaban con los papeles correspondientes. Por eso cuestionó públicamente cuál fue la verdadera razón de una sanción que, hasta el momento, asegura no haber podido conocer con claridad.
La denuncia es especialmente grave porque la usuaria no se limitó a cuestionar la multa: acusó directamente a inspectoras de la DI y otros cuerpos de inspección de actuar bajo una lógica de presunto chantaje económico. Según su relato, las sanciones recaen con más fuerza sobre quienes no entregan dinero a determinados funcionarios, mientras negocios con mayor capacidad económica o mejores conexiones logran evitar problemas o “resolver” con quienes deberían fiscalizar.
“Le ponen multa a las personas que no les pagamos”, afirmó la mujer en el video, visiblemente indignada. Esa frase resume el hartazgo de muchos pequeños comerciantes cubanos que denuncian sentirse indefensos frente a inspectoras que, en lugar de velar por la legalidad, son señaladas por ciudadanos como parte de un sistema donde la multa no siempre parece responder a una infracción real, sino a la posibilidad de presionar, recaudar o castigar.
CubaHerald no ha podido verificar de manera independiente la documentación de la multa ni la identidad de las inspectoras señaladas, por lo que las acusaciones se presentan como denuncia ciudadana pendiente de comprobación. Sin embargo, el problema ya no puede despacharse como un hecho aislado: las denuncias en redes sociales contra inspectores e inspectoras en Guanabacoa se multiplican, y varios usuarios han descrito situaciones similares durante la última semana.
La propietaria recordó además que hace unos tres meses recibió otra sanción superior a los 50 000 pesos, contra la cual intentó apelar. Según explicó, aquella experiencia tampoco terminó aclarando las irregularidades de fondo. Por el contrario, reforzó su sensación de desprotección ante un sistema donde el ciudadano común rara vez cuenta con mecanismos reales, rápidos y transparentes para defenderse frente a decisiones administrativas que pueden arruinar un negocio pequeño.
Lo más indignante es que estas multas caen sobre personas que intentan trabajar en medio de una economía destruida, mientras buena parte del país enfrenta hambre, apagones, falta de transporte, precios imposibles y salarios pulverizados. En ese contexto, perseguir con sanciones desmedidas a una cafetería pequeña no parece un acto de control justo, sino otro golpe contra quienes intentan sobrevivir sin depender del Estado.
La propia denunciante cuestionó por qué las inspecciones parecen ensañarse con negocios modestos mientras otros establecimientos mayores, mejor abastecidos o con más recursos, presuntamente reciben un trato distinto. Esa percepción alimenta una idea peligrosa pero cada vez más común entre la población: que en Cuba la ley no pesa igual para todos y que muchas veces el problema no es cumplir, sino no tener a quién pagarle, a quién llamar o con qué “resolver”.
Este nuevo caso expone una realidad que las autoridades deberían investigar con seriedad. Si las inspectoras actuaron correctamente, deben mostrar la documentación, explicar las infracciones y permitir un proceso de reclamación transparente. Pero si hubo abuso, presión indebida o corrupción, las responsables deben rendir cuentas. Lo que no puede seguir ocurriendo es que ciudadanos y pequeños negocios queden atrapados entre el miedo, la impotencia y la obligación de pagar multas que no entienden.
CubaHerald en las próximas semanas el medio habilitará una plataforma para que ciudadanos puedan reportar presuntos casos de corrupción, abusos o irregularidades en inspecciones, adjuntando fotos, documentos, videos y testimonios verificables. El objetivo será crear un registro documentado de denuncias ciudadanas que permita identificar patrones, preservar evidencias y exigir rendición de cuentas a quienes correspondan.
Fuente: Video enviado y denuncia ciudadana en la que CubaHerald fue etiquetado en redes sociales.
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