El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha emitido una denuncia contra las autoridades del estado somalí de Puntlandia, acusándolas de ejecutar a personas condenadas por crímenes de terrorismo que habían cometido cuando eran menores de edad. En particular, UNICEF se refiere a la reciente ejecución de cuatro jóvenes que formaban parte de un grupo de diez milicianos de Al Shabaab, fusilados el pasado 17 de agosto.
Según UNICEF, el Comité de Verificación de Edades había confirmado que los cuatro individuos eran menores de 18 años al momento de su detención, lo que debería haber impedido su condena a la pena capital. Esta denuncia ha sido presentada a través de un comunicado oficial de la agencia de Naciones Unidas, que resalta la importancia de cumplir con las normas internacionales que prohíben la ejecución de menores.
En respuesta a estas acusaciones, el ministro de Información de Puntlandia, Mahmoud Aydid Dirir, defendió las acciones de su gobierno, afirmando que las ejecuciones se llevaron a cabo de acuerdo con los procedimientos legales vigentes, y que se realizaron investigaciones exhaustivas para confirmar la identidad y la edad de los condenados. El ministro subrayó que los ejecutados tuvieron un plazo de tres años para apelar sus sentencias y aseguró que ninguno de ellos era menor de 30 años al momento de la ejecución.
«El proceso de verificación fue riguroso y las identidades de los ejecutados fueron confirmadas cuidadosamente para garantizar que eran adultos en el momento de la detención. Además, todos confesaron voluntariamente sus crímenes,» declaró Dirir en declaraciones recogidas por el portal Hiraan on Line.
El estado de Puntlandia ha intensificado en los últimos meses sus operaciones contra Al Shabaab, con el apoyo de clanes y milicias locales, siguiendo la estrategia del presidente somalí de priorizar la lucha antiterrorista para estabilizar el país. Al Shabaab, un grupo vinculado a Al Qaeda, ha sido responsable de numerosos atentados mortales en Somalia, incluyendo el reciente ataque en el estado de Baidoa, donde un convoy de las fuerzas de seguridad somalíes fue atacado, resultando en al menos una docena de muertos y varios heridos.
Este conflicto entre las denuncias de UNICEF y las declaraciones de las autoridades de Puntlandia subraya la complejidad y la dureza de la lucha contra el terrorismo en Somalia, donde los derechos humanos y el cumplimiento de las leyes internacionales se ven constantemente desafiados.
