El Gobierno cubano permitirá la entrada de inversión extranjera en los centros de datos de ETECSA y autorizará a empresas privadas a ofrecer determinados servicios tecnológicos, en un giro parcial para un sector que durante décadas permaneció bajo control exclusivo del Estado.
La medida fue anunciada por el primer ministro Manuel Marrero ante la Asamblea Nacional y forma parte de un paquete de 176 acciones económicas con el que las autoridades intentan contener la profunda crisis que atraviesa el país.
Según lo informado, el objetivo es captar capital foráneo para ampliar la capacidad de los centros de procesamiento de datos de la empresa estatal de telecomunicaciones y modernizar una infraestructura tecnológica afectada por años de falta de inversión, obsolescencia y limitaciones operativas.
La apertura representa un cambio significativo porque las telecomunicaciones han sido consideradas tradicionalmente un área estratégica y sensible. ETECSA ha mantenido hasta ahora una posición prácticamente monopólica sobre la telefonía, el acceso a internet y buena parte de los servicios digitales disponibles en Cuba.
La posibilidad de que empresas privadas presten algunos servicios tecnológicos podría ampliar la oferta y estimular nuevos negocios, pero todavía se desconocen aspectos esenciales: qué actividades serán autorizadas, bajo qué condiciones podrán operar las compañías y qué garantías jurídicas tendrán los inversionistas.
Y esa es precisamente la gran pregunta: ¿quién quiere invertir en Cuba?
El Gobierno anuncia nuevas oportunidades mientras el país arrastra una elevada deuda, escasez de divisas, cortes eléctricos prolongados, dificultades para repatriar beneficios y constantes cambios regulatorios. A ello se suma la ausencia de tribunales verdaderamente independientes que puedan proteger a una empresa extranjera frente a una decisión del propio Estado.
Los inversionistas también tendrán que valorar si podrán administrar directamente sus operaciones, contratar libremente a sus trabajadores, fijar precios competitivos y acceder a las divisas necesarias para importar equipos y mantener la infraestructura.
Durante años, varias empresas extranjeras han enfrentado pagos atrasados, restricciones para transferir ganancias y decisiones administrativas modificadas después de haber comprometido importantes recursos. Ese historial pesa sobre cualquier nuevo anuncio de apertura.
La entrada de capital privado tampoco elimina las inquietudes relacionadas con la privacidad de los datos, la vigilancia de las comunicaciones y el control estatal sobre internet. Los centros de datos almacenan información sensible y forman parte de una infraestructura esencial para las comunicaciones, los negocios y la seguridad digital.
Cuba necesita inversiones y tecnología, pero no basta con abrir sectores hasta ahora reservados al Estado. Para resultar atractiva, la Isla tendría que ofrecer seguridad jurídica, transparencia, reglas estables, autonomía empresarial y garantías reales sobre la propiedad y los beneficios.
Las autoridades parecen haber reconocido finalmente que el Estado no puede financiar por sí solo la modernización tecnológica del país. Sin embargo, admitir la necesidad del capital extranjero no significa que ese capital vaya a llegar.
La medida puede convertirse en una oportunidad o quedar reducida a otro anuncio dentro de una larga lista de reformas. Todo dependerá de una cuestión que el Gobierno aún no ha respondido: ¿qué garantías concretas recibirá quien decida arriesgar su dinero en Cuba?
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