El Gobierno cubano implementará un nuevo programa de apoyo habitacional dirigido a familias con tres o más hijos menores de 18 años, que incluirá reparaciones, ampliaciones y viviendas “llave en mano” financiadas por el Estado. La medida fue aprobada por el Consejo de Ministros mediante el Acuerdo 10327.
Autoridades del sistema de Vivienda explicaron en medios estatales que el programa busca atender casos considerados vulnerables, especialmente aquellos donde las familias no cuentan con recursos económicos ni posibilidades materiales para ejecutar obras constructivas por sus propios medios.
La iniciativa contempla soluciones integrales conocidas como “llave en mano”, modalidad mediante la cual las viviendas serán entregadas completamente terminadas y listas para habitar.
Según cifras oficiales, en Cuba existen actualmente unas 44 mil madres con tres o más hijos menores de edad que requieren mejoras en sus condiciones habitacionales.
La nueva política también amplía el rango de edad de los menores beneficiados. Hasta ahora, el programa incluía únicamente a hijos menores de 17 años, pero la actualización extiende el límite hasta los 18 años. Asimismo, podrán acceder padres y tutores legales responsables de tres o más menores.
Uno de los cambios más relevantes es que las ayudas podrán aprobarse incluso si la familia no posee la titularidad legal de la vivienda donde reside.
En esos casos, el propietario del inmueble deberá autorizar las obras y reconocer legalmente el derecho de habitación de la familia beneficiada. Las autoridades señalaron además que será necesario demostrar al menos cinco años de residenciaen el lugar.
El monto de los financiamientos dependerá de la ubicación geográfica de cada inmueble y la medida comenzará a aplicarse 30 días después de su publicación oficial en la Gaceta.
El anuncio ocurre en medio de una compleja situación habitacional en la isla, marcada por el deterioro acumulado de miles de viviendas, el hacinamiento y el alto costo de los materiales de construcción en el mercado informal.
Aunque las autoridades presentan la medida como una vía para acelerar soluciones sociales, persisten interrogantes sobre la disponibilidad real de materiales, financiamiento y fuerza constructiva en un contexto de crisis económica y escasez prolongada.
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