LA HABANA — La Asamblea Nacional del Poder Popular publicó este viernes el proyecto de ley “Del Sistema de Identidad Personal y Domicilio”, una estricta propuesta legislativa impulsada por el Ministerio del Interior que busca reemplazar la normativa vigente desde 2007. El nuevo marco legal otorgará al Estado facultades sin precedentes para almacenar información biométrica avanzada de cubanos y extranjeros residentes, además de imponer un control absoluto sobre los cambios de dirección, respaldado por un sistema de multas y sanciones ante incumplimientos.
El punto más polémico de la propuesta se concentra en el artículo 61, el cual establece que el Registro de Identidad Personal y Domicilio no solo guardará los datos tradicionales de filiación, sino que capturará el rostro, las huellas digitales, la firma, la voz y el iris de las personas, sumado a características físicas como el color de la piel, de los ojos y la estatura. Toda esta información estará vinculada a un número de identidad permanente, único e invariable, centralizando el control digital y de seguridad bajo el mando directo de la Dirección de Identificación, Migración, Extranjería y Ciudadanía.
Asimismo, la normativa obligará a los ciudadanos a declarar un único domicilio legal habitual y a mantenerlo estrictamente actualizado ante las autoridades. De acuerdo con el texto, la presencia física y las condiciones de permanencia serán evaluadas de forma rigurosa por el Estado, exigiendo la renovación inmediata del carné de identidad ante cualquier mudanza. Se aclara explícitamente que la inscripción de la vivienda no otorgará derechos de propiedad, usufructo o arrendamiento sobre el inmueble, ni servirá para legalizar construcciones o asentamientos informales.
Este paso hacia una identidad digital altamente fiscalizada ocurre en un contexto de profunda desconfianza ciudadana hacia los mecanismos de vigilancia estatal, consolidando un aparato de supervisión que expande el poder del Ministerio del Interior sobre la vida privada de los cubanos. En medio de una severa crisis social y económica, el enfoque prioritario de la agenda gubernamental parece centrarse en robustecer las herramientas de fiscalización de la población en lugar de solucionar las urgencias materiales del país.
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