Cuba atraviesa una crisis que ya no admite maquillajes ni consignas. La combinación de apagones prolongados, escasez de combustible, deterioro del transporte, presión sobre el sistema de salud y una economía sin capacidad de respuesta ha llevado al país a un punto de agotamiento social y material. En paralelo, sí existen contactos y conversaciones con Estados Unidos, pero el proceso muestra límites evidentes: La Habana ha dejado claro que no acepta negociar la continuidad de Miguel Díaz-Canel, mientras Washington mantiene la presión y no ha modificado de fondo su política.
En este contexto, seguir apostando a la inercia sería el peor de los caminos. La isla no necesita otro discurso de resistencia administrada, sino una salida política verificable, aunque sea imperfecta. Y en ese escenario, una opción que podría resultar aceptable, aunque no ideal, tanto para Washington como para La Habana sería una transición encabezada por el actual ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, hoy una de las figuras visibles del aparato estatal en medio de la crisis del combustible y del colapso parcial de la movilidad interna. Su nombre aparece de manera reiterada en las decisiones más recientes sobre transporte y racionamiento operativo, lo que confirma que ocupa un puesto de peso en la administración actual.
No se trata de presentar a Eduardo Rodríguez Dávila como un salvador ni como un reformista probado. Se trata, más bien, de reconocer que toda transición necesita una figura de salida que permita desmontar el inmovilismo sin provocar un vacío total de poder. Para que esa fórmula tuviera alguna credibilidad dentro y fuera de Cuba, tendría que nacer acompañada de compromisos concretos, públicos y calendarizados. El primero de ellos sería el reconocimiento formal de la oposición, no como un gesto decorativo, sino como el punto de partida para abrir un sistema que durante décadas ha negado la competencia política real. Sin ese paso, cualquier relevo sería apenas un reacomodo interno del mismo poder.
El segundo punto tendría que ser una amnistía total para los presos políticos, con una excepción muy específica: personas condenadas por actos en los que hayan muerto civiles o se haya cometido violencia letal deliberada. Ese límite no debilita la propuesta; la vuelve más defendible ante la comunidad internacional y reduce el margen para que se desacredite como una apertura irresponsable. La reciente decisión del gobierno cubano de anunciar la liberación de miles de presos confirma que el tema penitenciario ya forma parte de la ecuación política, pero también ha quedado claro que persisten dudas sobre si los presos políticos serán realmente incluidos de forma suficiente y verificable. Precisamente por eso, una transición seria tendría que poner ese asunto en el centro y no en la periferia.
El tercer pilar debería ser la legalización de partidos políticos y el establecimiento de un plazo máximo de dos años para su reconocimiento pleno, organización territorial y participación en un proceso electoral competitivo. Cuba no puede seguir atrapada en la ficción de la unanimidad. Ningún país sale de una crisis estructural si obliga a toda disidencia a existir en la semiclandestinidad o en el exilio. La pluralidad no es una concesión extranjera ni una humillación nacional; es una condición mínima para reconstruir legitimidad interna.
El cuarto punto es probablemente el más simbólico y, a la vez, el más decisivo: el retiro total de la familia Castro del poder, junto con la salida de Díaz-Canel de la jefatura política del proceso. Reuters reportó que en marzo Cuba rechazó de manera explícita la idea de negociar el cargo del presidente con Estados Unidos. Esa negativa demuestra dos cosas: primero, que el tema está sobre la mesa; segundo, que el poder sabe que la continuidad personal de la cúpula es uno de los principales obstáculos para cualquier acuerdo creíble. Mientras se intente vender continuidad con otro lenguaje, la crisis de confianza seguirá intacta.
Un quinto elemento indispensable sería el resarcimiento a los expropiados. No es realista pensar que, en todos los casos, podrán devolverse propiedades tomadas hace décadas, ocupadas por terceros o absorbidas por la estructura estatal. Pero sí es perfectamente posible diseñar un esquema de compensación gradual mediante entrega de terrenos, incentivos a la inversión, exenciones o descuentos fiscales, acceso preferencial a licencias de desarrollo y mecanismos de arbitraje. Ese modelo no resolvería toda la deuda histórica, pero enviaría una señal de ruptura con la lógica confiscatoria y abriría una base jurídica para atraer capital cubano en el exilio, algo esencial en cualquier reconstrucción nacional.
También sería imprescindible una agenda moderna de protección ambiental. Cuba no puede reedificarse repitiendo los errores de otras transiciones, donde la urgencia económica termina justificando cualquier depredación. La reconstrucción debe incorporar leyes efectivas sobre costas, residuos, calidad del agua, protección de suelos, ordenamiento urbano, energías renovables y control de emisiones industriales. No es un lujo para tiempos mejores; es una necesidad estratégica en un país vulnerable al deterioro costero, al estrés hídrico y a una infraestructura obsoleta.
En materia económica, la prioridad inmediata tendría que ser negociar préstamos y líneas de financiamiento para infraestructura y desarrollo eléctrico. La crisis energética actual no es una abstracción: Reuters reportó apagones de más de 16 horas diarias en algunas zonas, colapsos de la red, racionamiento severo y afectaciones directas al agua, la salud y la vida cotidiana. Incluso el reciente arribo de petróleo ruso fue descrito solo como un alivio temporal, no como una solución estructural. Con un sistema así, ninguna apertura comercial, ninguna reforma monetaria y ninguna promesa de estabilidad tiene base real. Primero hay que encender el país.
Ese financiamiento, sin embargo, no debería dirigirse a perpetuar monopolios ineficientes ni a reciclar privilegios. Tendría que condicionarse a resultados medibles: modernización de la red, descentralización parcial de la generación, inversión en solar y almacenamiento, transparencia presupuestaria, auditorías técnicas internacionales y apertura a alianzas con capital externo bajo reglas claras. Cuba necesita dinero, sí, pero sobre todo necesita confianza, y la confianza solo llega cuando hay reglas, cronograma y supervisión.
Aquí aparece la cuestión más incómoda: esta fórmula no sería la preferida de nadie. Muchos opositores la verían insuficiente. Sectores del poder la considerarían una rendición encubierta. En Washington, habría quienes la juzgaran demasiado blanda. Y, sin embargo, las soluciones históricamente posibles rara vez son las que entusiasman a todos. A veces, la salida viable es la que produce menos aplausos y más resultados. Si la alternativa es el prolongado deterioro de un país exhausto, una transición pactada con garantías mínimas, amnistía verificable, pluralización política y reconstrucción económica puede convertirse en una opción aceptable, incluso a regañadientes, para ambas capitales.
Porque la verdad de fondo es esta: Cuba ya no está ante una crisis coyuntural, sino ante un problema de modelo, de poder y de supervivencia nacional. El tiempo de administrar la escasez se agotó. El país necesita una fórmula de salida que combine realismo político con reformas irreversibles. No basta con sobrevivir semana a semana entre combustible prestado, transporte recortado y apagones interminables. La isla necesita volver a ser gobernable, productiva y habitable.
Y eso exige algo que durante demasiado tiempo ha faltado: admitir que la preservación del sistema tal como está ya no garantiza estabilidad, sino exactamente lo contrario. Hoy la discusión no es entre continuidad y ruptura total. La discusión real es entre una transición ordenada o un desfondamiento cada vez más peligroso. Cuba no puede seguir esperando a que la historia resuelva sola lo que la política se niega a encarar.
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