Una laptop, un teléfono, un micrófono, varios trípodes y hasta unas galletas. Según el comunicador cubano Adelth Bonne Gamboa, eso fue lo que le quitaron en una estación policial de La Habana antes de dejarlo en libertad con lesiones en las manos y una multa encima.
Bonne Gamboa, colaborador de CubaNet, volvió a casa con menos herramientas para trabajar que cuando lo detuvieron. Lo dejaron ir con una advertencia clara: si sigue publicando, la próxima vez podría acabar en prisión. Al contar lo ocurrido, resumió su enfado con una frase que circuló rápido en redes: los acusó de ser, además de represores, ladrones.
El arresto fue en Santos Suárez, el barrio donde vive. Varios agentes lo inmovilizaron, le pusieron las esposas y lo metieron en una patrulla sin mostrarle ninguna orden. Su compañera sentimental intentó intervenir y, según la denuncia, también la golpearon mientras trataba de que no le quitaran el móvil con el que grababa la escena.
La sanción se la impusieron con el Decreto-Ley 370, según confirmó el periodista José Raúl Gallego, que siguió el caso desde que se conoció la detención. Las autoridades no han hecho ninguna declaración pública sobre el operativo, el destino de los equipos que le quitaron ni las lesiones que dice haber sufrido.
Desde que se aprobó en 2019, esa norma se ha convertido en algo parecido a una mordaza administrativa. No hace falta un fiscal, ni un juicio, ni un abogado defensor: un inspector puede multar y quitar los equipos a quien publique en internet contenidos que el Estado considere contrarios al «interés social». Para un reportero que trabaja solo, sin redacción ni respaldo económico, perder su teléfono y su computadora es casi lo mismo que dejar de existir como medio.
Lo de esta semana es el capítulo más reciente de una historia larga. Organizaciones como ARTICLE 19 han documentado que agentes enseñaron fotos impresas de Bonne Gamboa a personas de su entorno para interrogarlas. El ICLEP registró en 2025 amenazas de muerte en su contra. Ese mismo año, la presión sobre su madre y otros allegados lo llevó a dejar un tiempo su colaboración con CubaNet, a la que había vuelto hacía poco.
Vigilancia, presión sobre la familia, multas y confiscaciones: cada medida, vista por separado, puede parecer menor. Juntas forman una estrategia que, según los defensores de la libertad de prensa, busca que informar desde Cuba salga tan caro que el periodista termine callándose o emigrando.
Fuentes: Adelth Bonne Gamboa, José Raúl Gallego, ARTICLE 19, Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), CubaNet.
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