Reportes procedentes de distintas comunidades de Florida indican que varios cubanos con formularios I-220A y solicitudes de asilo aún sin resolver han sido detenidos durante operativos migratorios y encuentros con las autoridades. Los casos reflejan el endurecimiento de la política de arrestos y la vulnerabilidad jurídica de miles de inmigrantes liberados bajo supervisión.
Las autoridades federales y locales han intensificado las acciones migratorias en Florida, donde familiares y abogados denuncian la detención de cubanos que no tenían antecedentes penales graves y mantenían abiertos sus procesos ante las cortes de inmigración. Hasta el momento, no existe un balance oficial que permita conocer cuántos cubanos fueron arrestados en los operativos más recientes ni las ciudades exactas donde ocurrieron todos los casos reportados.
Los arrestos se producen en un contexto de fuerte incremento de la aplicación de las leyes migratorias en el estado. Cerca de 39,000 inmigrantes fueron detenidos en Florida entre el 20 de enero de 2025 y el 11 de marzo de 2026, más del triple de los 11,088 arrestados durante un período equivalente de la administración anterior, según datos federales analizados por Associated Press.
Florida se ha convertido además en uno de los principales escenarios de colaboración entre ICE y las agencias policiales estatales y locales. Esta coordinación permite que una parada de tránsito, una detención por una infracción menor o una verificación de identidad termine en el traslado de una persona a custodia migratoria. Datos publicados anteriormente mostraron que aproximadamente una cuarta parte de los detenidos por ICE en el estado no tenía antecedentes penales, más allá de posibles infracciones relacionadas con su situación migratoria.
Entre los cubanos existe especial preocupación por quienes recibieron una I-220A, conocida como Orden de Libertad Bajo Palabra, después de ser procesados en la frontera. Ese documento permite permanecer temporalmente fuera de un centro de detención mientras continúa el procedimiento migratorio, pero no equivale a un parole ni concede por sí solo residencia legal. La propia orden advierte que ICE puede revocar la liberación y volver a detener a la persona si considera que incumplió sus condiciones.
Tener una solicitud de asilo pendiente tampoco garantiza que el inmigrante no será detenido. El permiso de trabajo derivado de un caso de asilo abierto no concede estatus migratorio legal, mientras que ICE conserva amplias facultades para revisar las condiciones de liberación. Sin embargo, una detención no significa necesariamente que el asilo haya sido rechazado: el expediente puede continuar ante la corte, aunque la persona deba defender su caso desde un centro de detención.
La alarma entre los cubanos no es nueva. Desde marzo de 2025 se documentaron detenciones de personas con I-220A durante citas rutinarias en la oficina de ICE en Miramar. Abogados denunciaron entonces que mujeres jóvenes y otros inmigrantes que habían acudido voluntariamente a cumplir sus controles fueron esposados y trasladados a centros ubicados incluso fuera de Florida.
El endurecimiento también ha provocado cuestionamientos políticos. La congresista María Elvira Salazar pidió en junio de 2026 al Departamento de Seguridad Nacional un trato justo para los cubanos con I-220A, al considerar que miles permanecen en un limbo jurídico pese a haber cumplido durante años con sus comparecencias y procesos migratorios. Paralelamente, un informe citado por medios públicos de Florida aseguró que los arrestos de inmigrantes cubanos aumentaron un 463 % desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump.
La situación demuestra que comparecer ante inmigración, tener permiso de trabajo o mantener un asilo pendiente ya no impide automáticamente una detención. Abogados recomiendan que cada persona con I-220A revise urgentemente su expediente, mantenga actualizada su dirección, cumpla todas las citas y prepare con su representante legal un plan familiar para una eventual detención. CubaHerald continuará verificando los reportes para determinar el número de cubanos afectados y los lugares donde se desarrollaron los operativos.
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