La activista cubana Anna Sofía Benítez Silvente denunció este lunes que funcionarios del tribunal acudieron a su vivienda para notificarle que fue reabierto un proceso que, según explicó, había sido archivado el pasado 13 de abril. De acuerdo con su publicación en Facebook, la reapertura habría ocurrido después de que un policía, que figura como supuesto “ofendido” en el caso, presentara una nueva querella.
“Vinieron del tribunal a mi casa. Reabrieron el caso que habían archivado el 13 de abril. El policía ‘ofendido’ supuestamente presentó la querella. Ahora mi mamá y yo volvemos a estar bajo el mismo proceso”, escribió Benítez Silvente en redes sociales, donde aparece junto a Cary Silvente, su madre, quien también quedaría nuevamente implicada en el procedimiento.
El caso vuelve a encender las alarmas sobre el uso de mecanismos judiciales y policiales contra ciudadanos que expresan públicamente críticas o inconformidades en Cuba. Lo más grave, según denuncian personas cercanas a la activista, es que el expediente había sido cerrado y ahora regresa por iniciativa de un agente policial, lo que alimenta la percepción de que no se trata de un proceso ordinario, sino de una herramienta de presión.
La pregunta que muchos se hacen es inevitable: ¿cómo puede reactivarse un caso archivado a partir de la denuncia de un policía que, según la propia activista y quienes la apoyan, ni siquiera habría sostenido una acusación clara desde el inicio? En un país con instituciones verdaderamente independientes, una reapertura de este tipo exigiría fundamentos sólidos, transparencia procesal y garantías para las partes. En Cuba, sin embargo, estos procedimientos suelen convertirse en una espada sobre la cabeza de quienes incomodan al poder.
La situación de Anna Sofía y su madre ocurre en un contexto de creciente hostigamiento contra activistas, opositores, periodistas independientes y ciudadanos que utilizan las redes sociales para denunciar abusos, apagones, carencias o represión. La maquinaria judicial cubana continúa funcionando con especial rapidez cuando se trata de perseguir voces críticas, mientras miles de cubanos esperan durante años por respuestas ante problemas reales de violencia, corrupción, abandono estatal o falta de servicios básicos.
Resulta especialmente preocupante que una madre y una hija vuelvan a quedar sometidas al mismo proceso después de que el caso ya había sido archivado. Esa práctica no solo genera desgaste psicológico y familiar, sino que envía un mensaje de advertencia al resto de la sociedad: nadie está completamente libre de ser citado, acusado o llevado nuevamente ante las autoridades si decide expresar lo que piensa.
En Cuba, la represión no siempre llega con grandes operativos o condenas inmediatas. Muchas veces aparece en forma de citaciones, expedientes reabiertos, visitas del tribunal, amenazas veladas y procesos que se alargan sin claridad. Esa presión constante busca agotar, intimidar y aislar a quienes no aceptan guardar silencio.
El nuevo episodio contra Anna Sofía Benítez Silvente y Cary Silvente confirma una realidad cada vez más evidente: el aparato judicial y policial cubano continúa siendo utilizado como mecanismo de control político y social. Mientras el país atraviesa una de sus peores crisis económicas, eléctricas y sociales, las autoridades parecen dedicar más energía a perseguir ciudadanos críticos que a responder las causas profundas del malestar nacional.
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