SAN JUAN, PUERTO RICO. — La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, firmó este viernes 16 de octubre la Resolución Conjunta 66-2026, mediante la cual solicita formalmente al presidente Donald Trump y al Congreso estadounidense la admisión de la isla como el estado número 51 de la Unión, con los mismos derechos y responsabilidades que los actuales 50 estados.
La medida, respaldada por legisladores del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP), representa un nuevo paso en los esfuerzos políticos para modificar el estatus territorial de Puerto Rico y alcanzar la plena representación de sus ciudadanos en las instituciones federales estadounidenses.
«Con esta firma, cumplimos con el compromiso de nuestro Programa de Gobierno de priorizar la estadidad y honrar la voluntad de nuestra gente expresada en las urnas», expresó González Colón, quien vinculó la iniciativa con los resultados de los plebiscitos celebrados anteriormente en la isla, en los que la opción de convertirse en estado ha obtenido respaldo electoral.
La gobernadora destacó que la solicitud coincide con la conmemoración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, una fecha que su administración considera significativa para reclamar igualdad política. También aseguró que continuará realizando gestiones en Puerto Rico y Washington para impulsar la propuesta ante las autoridades federales.
Actualmente, Puerto Rico es un territorio no incorporado de Estados Unidos, conocido oficialmente como Estado Libre Asociado. Sus habitantes son ciudadanos estadounidenses por nacimiento, pero no cuentan con representación con voto en el Senado federal y carecen de voto pleno en la Cámara de Representantes. Además, los residentes de la isla no pueden votar en las elecciones presidenciales generales mientras mantengan su residencia en el territorio.
Sin embargo, la firma de esta resolución no convierte automáticamente a Puerto Rico en el estado número 51. La Constitución estadounidense establece que corresponde al Congreso federal aprobar la admisión de nuevos estados, por lo que cualquier modificación del estatus político de la isla requiere una decisión legislativa en Washington.
La iniciativa también enfrenta diferencias políticas dentro de Puerto Rico. Mientras el PNP promueve la estadidad como vía para alcanzar la igualdad de derechos, otros sectores defienden alternativas como la independencia, la libre asociación soberana o distintas fórmulas de relación con Estados Unidos. A estas discrepancias se suman los desafíos políticos que la propuesta deberá
