La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó una nueva Ley de la Vivienda que sustituirá la normativa vigente desde 1988 y modificará de manera significativa las reglas sobre propiedad, construcción, arrendamiento y acceso a inmuebles en Cuba. El texto amplía determinados derechos de los propietarios, incorpora nuevos actores económicos y promete atención preferente para jóvenes y familias vulnerables.
Entre los cambios más relevantes figura el reconocimiento del derecho de las personas naturales a poseer hasta dos viviendas, además de una residencia de descanso o veraneo debidamente registrada. La legislación también elimina varias autorizaciones administrativas para transferir solares, azoteas y otros espacios, y permite donar, permutar, arrendar o transmitir viviendas con mayor flexibilidad.
La norma elimina además la confiscación de viviendas asociada a la salida definitiva del país, un mecanismo que durante décadas afectó a numerosos emigrados cubanos. También desaparecen restricciones para que personas naturales y jurídicas extranjeras compren o arrienden inmuebles, aunque estas operaciones deberán cumplir las condiciones que establezcan los reglamentos y otras disposiciones complementarias.
La ley crea el Programa Nacional de Desarrollo Habitacional, concebido para coordinar la construcción, rehabilitación y conservación de viviendas con participación de entidades estatales, cooperativas, mipymes, inmobiliarias y otras formas de gestión. El texto incorpora además criterios de eficiencia energética, resiliencia climática y planificación territorial.
Para los jóvenes de entre 18 y 30 años se contemplan programas de construcción y rehabilitación, subsidios para materiales, créditos, beneficios fiscales, prioridad en determinadas asignaciones y acceso preferente a servicios inmobiliarios. La norma también establece una atención diferenciada para personas residentes en barrios precarios o en condiciones de vulnerabilidad económica y social.
Aunque las reformas amplían derechos jurídicos y crean nuevas posibilidades para la inversión, su impacto dependerá de la capacidad real de la población para financiar una vivienda. En un país marcado por bajos salarios, inflación, escasez de materiales y deterioro del fondo habitacional, una parte considerable de los cubanos carece de recursos para construir, rehabilitar o comprar propiedades, incluso cuando la legislación lo permita.
La incorporación de inmobiliarias, mipymes, capital extranjero y otros actores privados podría aumentar la oferta y movilizar recursos que el Estado no ha podido aportar. Sin embargo, también existe el riesgo de que la apertura profundice las desigualdades entre quienes tienen acceso a divisas, financiamiento externo o conexiones empresariales y quienes dependen únicamente de salarios y pensiones estatales.
El Gobierno presenta la nueva ley como una respuesta integral al déficit habitacional y al deterioro de miles de inmuebles. Su verdadero alcance, no obstante, solo podrá evaluarse cuando se publiquen los reglamentos, se definan las condiciones para la inversión y comiencen a aplicarse los programas de subsidios, créditos y construcción anunciados. El texto entrará en vigor 90 días después de su publicación en la Gaceta Oficial.
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