El periodista independiente cubano Yosmany Mayeta Labrada, actualmente en el exilio, pidió ayuda públicamente para conseguir varios medicamentos que necesita su padre, Agustín Mayeta Pérez, un adulto mayor residente en Santiago de Cuba, ante la imposibilidad de encontrarlos en la red estatal de farmacias.
De acuerdo con la información difundida, Mayeta explicó que su padre acudió recientemente a consulta médica por distintos problemas de salud y recibió una prescripción con varios fármacos necesarios para continuar su tratamiento.
Sin embargo, cuando la familia intentó adquirir los medicamentos indicados, se encontró con que no estaban disponibles en las farmacias estatales, una situación que se ha convertido en una preocupación recurrente para numerosos pacientes en Cuba.
Según relató el periodista, ante la falta de los productos recetados la alternativa planteada fue conseguirlos “por fuera”, una expresión utilizada habitualmente en Cuba para referirse al mercado informal. En ese circuito algunos medicamentos pueden aparecer, aunque generalmente a precios considerablemente superiores a los establecidos oficialmente.
La situación resulta especialmente difícil para los adultos mayores cuyos ingresos dependen principalmente de pensiones cobradas en pesos cubanos, en un contexto marcado por el aumento del costo de los alimentos, medicamentos, transporte y otros productos esenciales.
La familia de Agustín Mayeta Pérez solicita colaboración para localizar los fármacos prescritos y también reclama atención de las instituciones sanitarias y sociales de Santiago de Cuba, con el objetivo de que el adulto mayor pueda recibir el tratamiento recomendado por los médicos.
La denuncia refleja nuevamente las dificultades que enfrentan muchas familias cubanas para acceder a determinados medicamentos en el sistema estatal de salud. La escasez obliga en numerosos casos a depender de familiares en el extranjero, donaciones, redes comunitarias o vendedores informales para conseguir productos que deberían formar parte de los tratamientos disponibles para los pacientes.
El caso plantea además interrogantes sobre la protección de los sectores más vulnerables. Cuando un adulto mayor recibe una prescripción médica que no puede cumplir por falta de medicamentos, las autoridades sanitarias deberían disponer de mecanismos de seguimiento y alternativas que impidan que el acceso al tratamiento dependa exclusivamente de los recursos económicos o de la posibilidad de encontrar los fármacos fuera de los canales oficiales.
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