WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS. — Miles de inmigrantes que trabajan legalmente en Estados Unidos enfrentan un escenario de mayor incertidumbre después de que la Administración del presidente Donald Trump consolidara una normativa que restringe las prórrogas automáticas de los permisos de trabajo mientras sus titulares esperan una respuesta de las autoridades migratorias.
La decisión, publicada el miércoles 14 de octubre en el Registro Federal, convierte en definitiva una disposición que comenzó a aplicarse el 30 de octubre de 2025, cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) modificó las condiciones para extender automáticamente determinados Documentos de Autorización de Empleo (EAD).
Hasta entonces, numerosos extranjeros podían beneficiarse de prórrogas automáticas de hasta 540 días, siempre que cumplieran los requisitos establecidos y presentaran oportunamente sus solicitudes de renovación. Este mecanismo les permitía conservar sus empleos mientras el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) procesaba los expedientes.
Con las restricciones ahora ratificadas, presentar una renovación dentro del plazo establecido ya no garantiza la continuidad automática de la autorización laboral para determinadas categorías migratorias. Esto significa que una persona puede encontrarse legalmente en Estados Unidos y, sin embargo, perder temporalmente la posibilidad de trabajar mientras espera una decisión administrativa.
La medida puede afectar a solicitantes de asilo, personas con trámites de residencia pendientes y otros inmigrantes que necesitan renovar periódicamente sus autorizaciones de empleo. No obstante, la normativa contempla excepciones específicas y no invalida automáticamente las extensiones concedidas conforme a las disposiciones anteriores.
El Gobierno de Trump justifica estos cambios como parte de su estrategia para reforzar la revisión de antecedentes y los controles de seguridad migratoria. Las autoridades consideran necesario verificar nuevamente que cada solicitante continúa reuniendo las condiciones exigidas antes de autorizar una extensión de su permiso laboral.
La principal preocupación es que las demoras de USCIS puedan terminar perjudicando a trabajadores que han cumplido con sus obligaciones legales. Para muchas familias inmigrantes, quedarse sin autorización laboral, aunque sea temporalmente, significa perder ingresos indispensables para pagar alquileres, alimentos, seguros y otros gastos básicos.
Entre las comunidades que siguen con preocupación estas decisiones se encuentra la cubana, especialmente quienes mantienen solicitudes migratorias pendientes y dependen de la renovación de sus permisos para conservar sus empleos. El impacto concreto dependerá de la categoría migratoria de cada solicitante y de las excepciones que puedan corresponderle.
Las empresas estadounidenses tampoco quedan al margen de las consecuencias. Los empleadores deben verificar que sus trabajadores cuentan con autorización vigente, por lo que el vencimiento de un documento sin una extensión legal aplicable puede provocar interrupciones laborales incluso cuando la persona haya solicitado su renovación correctamente.
La decisión añade un nuevo obstáculo a la estabilidad económica de numerosos inmigrantes, en un momento en que la política migratoria estadounidense continúa endureciéndose. La necesidad de realizar verificaciones de seguridad no elimina el problema de quienes podrían quedarse sin empleo debido a retrasos administrativos ajenos a su voluntad.
La regulación no supone la cancelación general de los permisos de trabajo ni impide presentar nuevas solicitudes. Sin embargo, sí modifica una protección administrativa que durante años permitió a muchos extranjeros mantener sus ingresos mientras esperaban la renovación de sus documentos.
Fuentes: Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), USCIS y Registro Federal.
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