Un incidente ocurrido en el entronque de la CUJAE, en La Habana, ha generado una fuerte reacción en redes sociales tras la denuncia de un ciudadano que asegura que su familia fue sancionada por cruzar un semáforo sin electricidad, en medio de los frecuentes apagones que afectan la capital.
Según el testimonio difundido en plataformas digitales, un agente de tránsito impuso una multa pese a que el semáforo se encontraba fuera de servicio en ese momento. El denunciante cuestiona la legalidad y el sentido común de la sanción, señalando que la falta de señalización operativa deja a los conductores en una situación de incertidumbre.
El caso ha provocado un amplio debate entre usuarios, muchos de los cuales coinciden en que este tipo de medidas reflejan una desconexión entre la normativa y la realidad diaria del país, marcada por fallas eléctricas constantes. Otros señalan que, en ausencia de semáforos funcionales, deberían aplicarse normas alternativas de circulación —como el respeto de prioridades o la presencia de agentes regulando el tráfico— antes de proceder con sanciones.
Además, la denuncia incluye la acusación de un trato inapropiado por parte de las autoridades, lo que ha incrementado el malestar. Este elemento añade una dimensión más sensible al caso, al poner en cuestión no solo la aplicación de la ley, sino también la forma en que se ejerce.
Desde el punto de vista legal, expertos suelen coincidir en que las sanciones de tránsito deben basarse en condiciones claras y verificables. La ausencia de señalización activa podría ser un elemento relevante a la hora de impugnar una multa, aunque en Cuba los mecanismos formales de reclamación no siempre resultan accesibles o transparentes para los ciudadanos.
El episodio vuelve a evidenciar una problemática recurrente: la convivencia entre infraestructuras deterioradas y un sistema sancionador que, en ocasiones, no contempla las limitaciones reales del entorno.
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