El Ministerio del Interior (MININT) de Granma informó este domingo 8 de noviembre que el supuesto secuestro de Amanda Kamila Pérez Casal, de 18 años, habría sido una simulación organizada para obtener dinero de sus familiares. La aclaración oficial llegó varios días después de que el caso generara preocupación y numerosas publicaciones en redes sociales.
La joven, estudiante de primer año de Ingeniería Agrónoma en la sede universitaria Campus II de Bayamo, había sido reportada como desaparecida, lo que provocó una amplia difusión de mensajes y solicitudes de información sobre su paradero.
Según la versión ofrecida por el MININT, Amanda Kamila habría reconocido durante las investigaciones que planificó su desaparición junto con otras dos personas, con el propósito de exigir dinero a su propia familia. Las autoridades sostienen que no existió el secuestro inicialmente denunciado.
El organismo informó que las tres personas involucradas están siendo procesadas por el presunto delito de simulación de delitos, contemplado en el Código Penal cubano. Hasta el momento, no se han divulgado detalles suficientes sobre la participación individual de cada implicado ni sobre las circunstancias en las que se habría organizado el plan.
La comunicación oficial también deja interrogantes sobre la demora en ofrecer información pública acerca de un caso que había generado considerable alarma. Aunque las investigaciones requieren tiempo y determinadas actuaciones deben mantenerse bajo reserva, la ausencia de actualizaciones oportunas puede favorecer la circulación de rumores y aumentar la angustia de familiares y ciudadanos.
Este episodio demuestra la importancia de distinguir las denuncias iniciales de los hechos que posteriormente logran establecer las investigaciones. También evidencia la necesidad de que las autoridades mantengan canales de comunicación más ágiles y transparentes, especialmente cuando se trata de posibles desapariciones que despiertan preocupación pública.
Por ahora, la explicación del MININT constituye la versión oficial sobre lo ocurrido, mientras continúa el procedimiento contra los tres señalados, quienes conservan sus garantías legales y la presunción de inocencia hasta que exista una resolución judicial firme. El caso reabre el debate sobre la responsabilidad institucional de informar con prontitud y la necesidad de verificar las denuncias antes de presentarlas como hechos confirmados.
Fuente: Ministerio del Interior (MININT) de Granma, comunicado del 8 de noviembre de 2026.
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