Un médico cubano que recientemente fue sancionado durante una venta de garaje en la Isla de la Juventud respondió públicamente a la versión ofrecida por las autoridades y aseguró que nunca fue consultado antes de que se difundiera el comunicado oficial sobre el caso.
En una transmisión en vivo realizada este viernes, el doctor Álvaro Pérez Pérez afirmó que ninguna institución gubernamental, ni representantes del Partido Comunista ni funcionarios de la Dirección Estatal de Comercio, se acercaron a él para conocer su testimonio antes de hacer pública su posición sobre los hechos.
“Ninguna autoridad se acercó a mí nunca, en ningún momento. Nunca les interesó saber mi versión de los hechos”, manifestó el profesional, quien sostiene que la información divulgada refleja únicamente la perspectiva oficial.
El médico explicó que la venta no se desarrollaba en su vivienda, sino en el portal de un familiar, y precisó que la multa fue impuesta a su pareja, un profesor universitario vinculado a las Ciencias Médicas.
Asimismo, rechazó que se tratara de una actividad comercial organizada con fines de lucro. Según relató, ambos intentaban vender algunas prendas de ropa usadas y un pequeño lote de libretas escolares para obtener recursos que les permitieran afrontar gastos básicos de alimentación en medio de sus dificultades económicas.
“Lo que hay detrás de esa multa es que nosotros, los profesionales, tengamos que salir a vender lo que nos regalan los pacientes para lograr 100 o 200 pesos y comprar comida”, expresó durante su intervención.
De acuerdo con su relato, cuando los inspectores indicaron que las libretas no podían comercializarse, estas fueron retiradas inmediatamente. Sin embargo, aseguró que la sanción administrativa de 4.000 pesos se mantuvo sin modificaciones.
El caso ha generado numerosas reacciones en redes sociales, donde usuarios han debatido sobre las condiciones económicas que enfrentan muchos profesionales en Cuba. Para diversos comentaristas, el incidente refleja las dificultades que atraviesan médicos, profesores y otros trabajadores estatales para complementar sus ingresos y cubrir necesidades esenciales.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido una respuesta pública a las declaraciones realizadas por el médico.
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