Un juez federal de Estados Unidos ordenó al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) dejar sin efecto de manera inmediata cuatro políticas migratorias que previamente fueron declaradas ilegales, rechazando la solicitud del Gobierno federal de retrasar la aplicación de la decisión mientras continúa el proceso de apelación.
La orden fue emitida por el juez federal John J. McConnell Jr., del estado de Rhode Island, quien sostuvo que una política invalidada por un tribunal no puede seguir aplicándose simplemente porque el Gobierno haya decidido recurrir el fallo ante una instancia superior.
En su resolución, el magistrado indicó que no existe fundamento para posponer el cumplimiento de la sentencia y ordenó a las autoridades federales informar en un plazo de 24 horas las acciones adoptadas para acatar la decisión judicial.
Las políticas afectadas por la orden son la Benefits Hold Policy, la Global Asylum Hold Policy, la Comprehensive Re-Review Policy y la Country-Specific Factors Policy, mecanismos utilizados por USCIS durante la evaluación y adjudicación de distintos beneficios migratorios.
De acuerdo con la corte, estas disposiciones fueron implementadas en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo de Estados Unidos (Administrative Procedure Act), por lo que no pueden continuar produciendo efectos legales.
Uno de los aspectos más relevantes del fallo es que el juez enfatizó que la simple presentación de una apelación no mantiene vigente una política que ya ha sido anulada por un tribunal, razón por la cual ordenó su suspensión inmediata.
La decisión podría tener un impacto significativo para miles de inmigrantes que mantienen expedientes pendientes ante USCIS. Aunque la resolución no hace referencia específica a ciudadanos cubanos, venezolanos, nicaragüenses o haitianos, especialistas en derecho migratorio analizan si estas políticas fueron utilizadas para retrasar o congelar solicitudes relacionadas con residencia permanente, asilo, refugio, parole u otros beneficios migratorios.
Si se determina que dichas políticas incidieron en la paralización de numerosos expedientes, la orden judicial podría facilitar la reactivación y revisión de miles de casos que permanecen sin decisión definitiva.
Por su parte, la Administración federal anunció que apelará la decisión. Sin embargo, mientras un tribunal superior no conceda una suspensión del fallo, USCIS deberá cumplir inmediatamente con la orden emitida por la corte federal y cesar la aplicación de las políticas cuestionadas.
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