TEHERÁN – Las autoridades iraníes ejecutaron este 19 de marzo de 2026 al joven luchador Saleh Mohammadi, de 19 años, en un caso que ha generado fuertes reacciones internacionales y renovado el foco sobre el uso de la pena de muerte en el país en contextos de protesta.
Según reportes difundidos por organizaciones de derechos humanos, Mohammadi fue acusado de estar vinculado con la muerte de un policía durante manifestaciones ocurridas a inicios de enero en la ciudad de Qom. El joven había sido detenido el 15 de enero, señalado por las autoridades de haber apuñalado a un agente durante una protesta el día 8 del mismo mes.
El deportista había representado a Irán en competiciones internacionales, incluyendo la Copa Saytev en Rusia en 2024, lo que ha amplificado el impacto mediático del caso. Junto a él, otras dos personas también fueron ejecutadas en la misma jornada, según las informaciones disponibles, en la prisión de Qom.
Organizaciones como Iran Human Rights han denunciado que el joven fue forzado a confesar bajo tortura, y que posteriormente se retractó de dicha confesión. A pesar de estas alegaciones, el tribunal iraní mantuvo la sentencia, argumentando cargos como “hostilidad contra Dios” y presunta colaboración con países considerados enemigos.
El caso se produce en un contexto político particularmente tenso dentro de Irán, marcado por protestas internas y cambios recientes en la cúpula del poder tras la desaparición del líder Ali Jameneí, sucedido por su hijo, en medio de un escenario regional también afectado por acciones militares de Israel y Estados Unidos.
Desde el exterior, el Departamento de Estado de Estados Unidos habría advertido previamente a las autoridades iraníes sobre la necesidad de respetar la vida del joven, sin que estas gestiones lograran frenar la ejecución.
Analistas consideran que este caso refleja una combinación de factores políticos, judiciales y de seguridad interna, donde la respuesta del sistema penal iraní continúa siendo objeto de críticas por su falta de garantías procesales y el uso de la pena capital en situaciones vinculadas a protestas.
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