El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, responsabilizó al gobierno de Estados Unidos por la falta de compensaciones a antiguos propietarios estadounidenses tras las nacionalizaciones de los años 60, en una declaración que reaviva un conflicto histórico sin resolver.
En su mensaje, el diplomático defendió la legalidad de las expropiaciones, asegurando que se realizaron conforme a la Constitución de 1940 y bajo estándares del derecho internacional, incluyendo mecanismos de compensación. Sin embargo, esta narrativa omite un elemento central del debate: las condiciones y formas de pago propuestas por Cuba fueron rechazadas por Washington, lo que desde entonces ha mantenido abiertas miles de reclamaciones certificadas.
Fernández de Cossío subrayó que otros países —como Canadá, España, Francia, Reino Unido y Suiza— sí lograron acuerdos con La Habana, argumento que suele utilizarse para reforzar la posición oficial. No obstante, analistas señalan que estos acuerdos se realizaron en contextos distintos y con menor volumen de reclamaciones, lo que dificulta una comparación directa con el caso estadounidense.
El funcionario también sostuvo que la negativa de Estados Unidos a negociar estuvo influida por su política de confrontación y por planes para un cambio de gobierno en la isla. A partir de ahí, atribuyó a Washington daños económicos y humanos prolongados, planteando que Cuba también tendría derecho a exigir compensaciones.
Desde una perspectiva crítica, la postura oficial vuelve a colocar el foco exclusivamente en factores externos, mientras evita profundizar en las consecuencias internas de las nacionalizaciones y en la falta de un proceso de compensación efectivo y sostenido en el tiempo. Más de seis décadas después, el diferendo sigue sin resolverse, afectando cualquier intento de normalización entre ambos países.
El tema continúa siendo uno de los puntos más sensibles en la relación bilateral, donde persisten posiciones irreconciliables y un uso recurrente del argumento histórico como herramienta política en el presente.
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