Estados Unidos inició el envío de combustible hacia Cuba en 2026, con volúmenes limitados dirigidos al sector privado, en un contexto de fuerte crisis energética en la isla. La medida, revelada por Reuters, ocurre mientras Washington mantiene restricciones sobre el suministro petrolero estatal.
Según los datos analizados, en lo que va de año se han enviado alrededor de 30.000 barriles de combustible, una cifra reducida frente a las necesidades del país, que anteriormente dependía de cerca de 100.000 barriles diarios para sostener su sistema eléctrico y actividades económicas clave.
El diseño de esta política responde a un enfoque selectivo. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que el objetivo es beneficiar exclusivamente a actores económicos independientes, sin vínculos con el aparato estatal. En ese sentido, el combustible no puede ser revendido ni transferido a entidades gubernamentales o militares, bajo riesgo de cancelación de las licencias.
Los envíos han llegado principalmente por vía marítima, con el puerto del Mariel como uno de los principales puntos de entrada. Reportes indican un aumento en la actividad desde la costa del Golfo de Estados Unidos, especialmente desde Luisiana, así como operaciones desde Europa y el Caribe.
Este flujo ha permitido a algunas empresas privadas reactivar parcialmente sus operaciones, particularmente en sectores como la distribución de alimentos y servicios logísticos. Negocios que habían detenido sus actividades por falta de combustible han comenzado a retomar entregas tras recibir nuevos suministros.
No obstante, el impacto general sigue siendo limitado. La mayor parte del combustible importado es diésel, con escasa disponibilidad de gasolina, y se transporta en tanques ISO de aproximadamente 21.600 litros. Hasta ahora, se han descargado unas 200 unidades, lo que resulta insuficiente frente a la magnitud de la crisis.
En paralelo, Estados Unidos mantiene una política de presión sobre el acceso del gobierno cubano a fuentes tradicionales de suministro energético, lo que configura un escenario dual: restricciones al Estado y aperturas controladas al sector privado.
El resultado es un alivio parcial para determinadas actividades económicas, pero sin cambios estructurales en el panorama energético nacional, donde los apagones y la escasez continúan afectando a gran parte de la población.
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