La Embajada de Estados Unidos en Cuba volvió a colocar este miércoles bajo escrutinio el poder económico de GAESA, el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas cubanas, al asegurar que la excontralora general Gladys Bejerano fue destituida después de reconocer públicamente que la Contraloría no tenía jurisdicción para auditar al grupo militar.
En una publicación atribuida a la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Washington sostuvo además que esta falta de fiscalización sería una de las vías que permitieron a GAESA acumular alrededor de 18.000 millones de dólares. Esa cifra ha sido citada recientemente por funcionarios estadounidenses y por investigaciones periodísticas basadas en documentos financieros internos del conglomerado.

Bejerano reconoció en una entrevista concedida a EFE en mayo de 2024 que la Contraloría General no tenía facultades ordinarias para fiscalizar directamente a GAESA. La legislación cubana establece un régimen especial para las instituciones subordinadas a los ministerios de las Fuerzas Armadas y del Interior.
Dos meses después, el 19 de julio de 2024, Miguel Díaz-Canel anunció la sustitución de Bejerano tras aproximadamente 14 años al frente de la Contraloría. El Gobierno cubano presentó entonces el cambio como parte de un proceso de “renovación natural de los cuadros” y no vinculó oficialmente su salida con sus declaraciones sobre GAESA.
La proximidad entre ambas circunstancias ha alimentado desde entonces cuestionamientos sobre las verdaderas razones de su salida, aunque no existe una confirmación pública del Gobierno cubano de que Bejerano fuera destituida específicamente por hablar sobre la imposibilidad de auditar a GAESA.
El asunto vuelve a ser relevante en medio de la creciente presión de Washington sobre el conglomerado militar, cuya influencia se extiende a sectores estratégicos de la economía cubana, incluidos turismo, comercio minorista, finanzas y servicios. Reuters señala que no existe información pública que permita determinar con exactitud qué porcentaje de la economía cubana controla GAESA, aunque estimaciones externas lo sitúan entre el 40% y el 70%.
La controversia deja una pregunta particularmente sensible para un país inmerso en una profunda crisis económica: cómo una estructura estatal que administra miles de millones de dólares puede permanecer fuera del alcance habitual del principal órgano auditor del propio Estado.
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