La cadena hotelera española Iberostar y la aerolínea estadounidense American Airlines alcanzaron acuerdos judiciales en Estados Unidos relacionados con reclamaciones sobre propiedades confiscadas en Cuba después de 1959, en medio del incremento de demandas amparadas por el Título III de la Ley Helms-Burton.
Los acuerdos, confirmados en cortes federales estadounidenses, reflejan el creciente impacto legal y financiero que enfrentan compañías extranjeras con operaciones vinculadas a instalaciones nacionalizadas por el Estado cubano durante las primeras décadas posteriores a la Revolución.
En uno de los casos, familiares de antiguos propietarios del histórico Hotel Imperial, en Santiago de Cuba, acusaron a Iberostar de beneficiarse económicamente de un inmueble confiscado en 1961 y posteriormente incorporado al sistema turístico estatal cubano.
La demanda sostenía que la compañía española comenzó a explotar comercialmente el hotel mediante acuerdos firmados con autoridades cubanas desde 2016. Los reclamantes también cuestionaron el uso de elementos históricos y nombres asociados a la familia original dentro de áreas comerciales del establecimiento.
Aunque Iberostar intentó inicialmente frenar el proceso alegando que los tribunales estadounidenses no tenían jurisdicción sobre la empresa, ambas partes terminaron llegando a un arreglo privado cuyos términos económicos no fueron divulgados públicamente.
En paralelo, American Airlines cerró otro litigio relacionado con el actual Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, anteriormente conocido como Rancho Boyeros.
La reclamación fue presentada por descendientes del antiguo propietario del aeropuerto, quienes exigían compensaciones económicas por el uso continuo de las instalaciones por parte de la aerolínea estadounidense en sus vuelos entre Cuba y Estados Unidos.
El caso también concluyó mediante un acuerdo confidencial presentado ante la corte correspondiente en febrero de 2026.
Desde la activación del Título III de la Ley Helms-Burton durante la administración de Donald Trump en 2019, numerosas compañías internacionales comenzaron a enfrentar demandas por presunto “tráfico” con propiedades confiscadas en Cuba.
La legislación permite a ciudadanos estadounidenses y descendientes de antiguos propietarios reclamar indemnizaciones contra empresas que obtengan beneficios de bienes nacionalizados por el gobierno cubano sin compensación reconocida por Washington.
El alcance de estas demandas ha generado preocupación en sectores turísticos, financieros y de transporte que mantienen vínculos con la isla, especialmente en momentos donde Estados Unidos mantiene una política de presión económica más agresiva sobre estructuras controladas por el aparato empresarial militar cubano.
Entre los litigios que aún permanecen activos aparecen importantes compañías de cruceros como Carnival, Royal Caribbean, Norwegian y MSC Cruises, acusadas de operar en puertos cubanos sujetos a reclamaciones históricas.
También continúa bajo observación una demanda presentada por ExxonMobil contra entidades vinculadas a GAESA, conglomerado que controla una parte significativa de la economía cubana, incluyendo turismo, puertos, comercio minorista y sectores estratégicos.
Las recientes decisiones judiciales coinciden además con nuevas sanciones estadounidenses dirigidas contra empresas asociadas al sistema empresarial militar de la isla y con crecientes presiones regulatorias desde la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
En medio de este escenario, varias compañías extranjeras han comenzado a revisar su exposición financiera y legal en Cuba. Algunas, como la canadiense Sherritt International, ya anunciaron ajustes y suspensiones parciales de operaciones dentro del país.
Analistas consideran que los acuerdos alcanzados por Iberostar y American Airlines podrían incentivar futuras negociaciones privadas entre demandantes y empresas extranjeras que actualmente mantienen negocios en territorio cubano.
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