La antigua Cuban Electric Company, cuyo reclamo certificado pertenece actualmente a una empresa controlada por el grupo estadounidense Atlas Holdings, presentó una demanda contra dos entidades estatales cubanas por el presunto aprovechamiento de infraestructura eléctrica confiscada sin compensación en 1960.
La acción fue presentada el 29 de julio ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia contra la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) y Energas S.A.. El expediente, identificado como Cuban Electric Company v. Unión Eléctrica et al., quedó asignado al juez federal John D. Bates.
La parte demandante reclama 267.568.413,62 dólares en daños, además de intereses previos al fallo calculados a una tasa anual del 6 % desde el 6 de agosto de 1960. También solicita daños triples, honorarios legales, costas judiciales e intereses posteriores, por lo que la eventual suma final podría superar ampliamente el monto inicial.
Según la demanda, la Compañía Cubana de Electricidad suministraba antes de 1960 más del 90 % de la electricidad del país y poseía una parte sustancial de la infraestructura de generación y transmisión. La empresa sostiene que esos activos, valorados entonces en cientos de millones de dólares, fueron confiscados sin indemnización por el Gobierno cubano.
El recurso judicial afirma que la UNE administra actualmente instalaciones que formaban parte de aquella infraestructura y que hoy están integradas en el Sistema Eléctrico Nacional. Entre los bienes señalados aparecen las termoeléctricas Antonio Maceo, conocida como Renté, en Santiago de Cuba, y Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos, además de la central hidroeléctrica de Guaso y otras instalaciones.
La demanda también acusa a Energas de obtener beneficios mediante activos vinculados al procesamiento de gas natural y a la generación eléctrica. Energas es descrita en el expediente como una empresa mixta cuyos propietarios son la UNE, la estatal Cuba Petróleo y la canadiense Sherritt International, con una participación de un tercio para cada socio.
La acción se ampara en el Título III de la Ley Helms-Burton, que permite a ciudadanos y compañías estadounidenses demandar a personas o entidades que “trafiquen” con propiedades confiscadas por el Gobierno cubano. Esa disposición fue activada por primera vez en 2019 y contempla el uso, control, administración o beneficio comercial derivado de esos bienes.
El litigio adquiere mayor relevancia después de que la Corte Suprema de Estados Unidos determinara en junio que las empresas estatales cubanas demandadas bajo el Título III no pueden invocar automáticamente la inmunidad soberana para impedir que estos casos sean examinados por tribunales federales. Esa decisión eliminó uno de los principales obstáculos procesales para reclamaciones contra entidades controladas por La Habana.
Atlas Holdings controla Office Depot, compañía que figura como propietaria del reclamo certificado. No obstante, la demandante formal en el expediente es Cuban Electric Company, también identificada como Compañía Cubana de Electricidad.
Hasta el momento, la UNE, Energas y el Gobierno cubano no han divulgado una respuesta pública detallada sobre la demanda. El proceso podría convertirse en uno de los litigios más importantes relacionados con las nacionalizaciones de 1960 y añadir presión legal sobre empresas estatales y socios extranjeros vinculados al sector energético cubano.
Fuentes: expediente del Tribunal Federal del Distrito de Columbia, U.S.-Cuba Trade and Economic Council y documentos judiciales sobre la Ley Helms-Burton.
#Cuba #LeyHelmsBurton #AtlasHoldings #UniónEléctrica #Energas #CubanElectricCompany #EstadosUnidos #SistemaEléctricoNacional #Nacionalizaciones #EconomíaCubana
