La embajadora de Cuba en Uruguay, Lissett Pérez, negó que Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y conocido como “El Cangrejo”, tenga un papel político dentro de la estructura de poder en La Habana. Según la diplomática, su función se limita a ser custodio de su abuelo, una explicación que contrasta con la creciente visibilidad pública del nieto del exgobernante y con sus propias declaraciones recientes a un medio estadounidense.
En una entrevista con el programa Paren el mundo, de La Diaria Radio, Pérez afirmó que Rodríguez Castro “ha sido el custodio de su abuelo” y que ese sería su único rol. La funcionaria sostuvo que no posee “ningún otro cargo de gobierno” y descalificó como “especulación” las versiones que le atribuyen influencia política. La entrevista fue presentada por La Diaria como una conversación sobre la crisis social que atraviesa Cuba y la posición del Gobierno cubano frente a las presiones externas.
Sin embargo, la explicación diplomática deja más preguntas que respuestas. Si Rodríguez Castro es solo un custodio, resulta difícil entender por qué concede entrevistas internacionales, se presenta como posible interlocutor con Washington y habla de temas reservados a los niveles más altos del poder, como negociaciones con Estados Unidos, reformas económicas, presos políticos e inversiones estratégicas. Un escolta no suele hablar en nombre de un país ni insinuar que puede sentarse frente a un presidente estadounidense.
La contradicción se hizo más evidente tras la entrevista publicada por USA TODAY, reseñada por Reuters, en la que Rodríguez Castro dijo estar dispuesto a negociar con el presidente Donald Trump si recibía esa encomienda. “Puedo negociar con cualquiera designado por Estados Unidos”, afirmó, según el reporte. Reuters subrayó que la oferta llamaba la atención precisamente porque el nieto de Raúl Castro no ocupa un cargo formal en el Gobierno cubano.
El propio reporte de Reuters indicó que Rodríguez Castro sirve como uno de los custodios de su abuelo, pero también destacó el carácter inusual de la entrevista y de sus declaraciones. Además, señaló que el nieto de Raúl Castro habló sobre la posibilidad de liberar a personas consideradas presos políticos bajo determinadas condiciones, un asunto que difícilmente puede tratarse como una simple opinión personal de un miembro de la escolta familiar.
El problema de fondo no es solo si “El Cangrejo” tiene o no un cargo oficial. En Cuba, buena parte del poder real históricamente ha operado fuera de los organigramas visibles. La cercanía familiar con Raúl Castro, el acceso al círculo militar y la relación con estructuras económicas como GAESA pesan más que cualquier título administrativo. Reuters ha descrito a GAESA como un conglomerado militar con un papel central en sectores estratégicos de la economía cubana, desde hoteles y bancos hasta puertos, tiendas y remesas, con una influencia que analistas estiman entre el 40 % y el 70 % de la economía nacional.
Por eso, la negativa de la embajadora suena más a control de daños que a una aclaración convincente. La diplomacia cubana intenta presentar a Rodríguez Castro como un simple custodio, mientras él mismo aparece en medios internacionales hablando como si tuviera capacidad de interlocución, influencia y acceso directo a decisiones sensibles. Esa doble narrativa revela una de las mayores opacidades del sistema cubano: el poder formal dice una cosa, pero el poder real suele moverse en círculos familiares, militares y económicos que no rinden cuentas a la ciudadanía.
La figura de “El Cangrejo” se ha convertido así en un símbolo incómodo para La Habana. Si no tiene poder, ¿por qué habla de negociar con Trump? Si solo cuida a su abuelo, ¿por qué se le vincula a temas de inversiones, reformas y presos políticos? Y si sus palabras no representan al Gobierno, ¿por qué un miembro del círculo íntimo de Raúl Castro se permite abordar asuntos de Estado ante la prensa extranjera?
La respuesta oficial deja una conclusión clara: el Gobierno cubano quiere beneficiarse de los canales informales de poder cuando le conviene, pero niega su existencia cuando generan costo político. En un país con instituciones transparentes, una figura sin cargo no tendría margen para proyectarse como negociador internacional. En Cuba, en cambio, esa ambigüedad parece ser parte del sistema: nadie responde formalmente, pero algunos hablan como si pudieran decidir.
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