Un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que el Cártel de Sinaloa contrató a un hacker para rastrear a un alto funcionario del FBI en Ciudad de México, accediendo a su geolocalización, llamadas telefónicas y movimientos captados por cámaras de vigilancia. Según la investigación, esta información fue utilizada para intimidar e incluso asesinar a posibles informantes del FBI.
El incidente, ocurrido en 2018 o antes, representa una grave violación de seguridad operativa, justo cuando el FBI colaboraba en el caso contra Joaquín «El Chapo» Guzmán. La vigilancia se centró en la embajada de EE.UU. y, en particular, en el agregado legal adjunto del FBI, figura clave en la cooperación bilateral.
El informe advierte sobre una «vigilancia técnica omnipresente», facilitada por avances tecnológicos accesibles a organizaciones criminales, que ahora incluyen expertos en criptomonedas y ciberespionaje. Algunos miembros del FBI y la CIA consideran esta amenaza como «existencial» para la seguridad nacional.
Ante estos hallazgos, el FBI trabaja en un plan estratégico para contrarrestar estas vulnerabilidades. En respuesta, el Gobierno de Ciudad de México aclaró que los hechos ocurrieron en una administración anterior y que desde 2018 el sistema de cámaras fue reforzado para evitar intrusiones.
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