Un tribunal federal de Jacksonville, en Florida, sentenció este jueves al exteniente coronel de la Fuerza Aérea cubana Luis Raúl González-Pardo Rodríguez a siete meses de prisión por fraude migratorio, mientras continúa enfrentando en Miami una acusación federal vinculada al derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate en 1996.
Según documentos judiciales y reportes desde la corte, el exmilitar cubano se declaró culpable de ofrecer información falsa durante su proceso para obtener residencia permanente en Estados Unidos. La investigación sostiene que ocultó su historial dentro de la Defensa Antiaérea y Fuerza Aérea Revolucionaria de Cuba, donde habría servido durante casi tres décadas.
Las autoridades estadounidenses señalaron que González-Pardo negó haber recibido entrenamiento militar, participar en organizaciones armadas o pertenecer a unidades militares, declaraciones que posteriormente habrían sido contradichas por la evidencia presentada por la fiscalía.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, afirmó que el historial militar del acusado debía haber sido revelado desde el inicio del proceso migratorio y aseguró que el Departamento de Justicia continuará procesando casos relacionados con declaraciones falsas en trámites migratorios.
Aunque el expediente de Jacksonville corresponde únicamente al fraude migratorio, el nombre del exmilitar aparece también en una causa federal mucho más delicada presentada recientemente en Miami contra el exgobernante cubano Raúl Castro y otros exoficiales cubanos por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996.
La acusación federal incluye cargos de conspiración para matar ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y asesinato. De acuerdo con la fiscalía, cazas MiG cubanos dispararon misiles aire-aire contra dos avionetas civiles desarmadas que realizaban vuelos humanitarios sobre el estrecho de Florida para localizar balseros cubanos en peligro.
En el ataque murieron Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales. Una tercera aeronave logró escapar.
Los documentos judiciales sostienen que González-Pardo no habría sido quien lanzó los misiles, pero sí habría participado en entrenamientos previos relacionados con la localización e interceptación de aeronaves civiles pequeñas cerca de las costas cubanas. Además, la acusación asegura que el día del derribo permanecía preparado para despegar en otro MiG mientras escuchaba las comunicaciones relacionadas con la autorización y destrucción de las avionetas.
Posteriormente, según la investigación federal, habría despegado desde la base aérea de San Antonio de los Baños para participar en la persecución de la tercera avioneta de Hermanos al Rescate.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó años después que el derribo ocurrió en espacio aéreo internacional y consideró que el Estado cubano violó el derecho a la vida de las víctimas.
El caso vuelve a colocar bajo atención pública uno de los episodios más polémicos en la historia reciente de las tensiones entre La Habana y Washington. Durante décadas, familiares de las víctimas y organizaciones del exilio cubano reclamaron acciones judiciales contra quienes participaron en la operación, mientras el tema permanecía prácticamente congelado en el ámbito federal estadounidense. La reciente acusación presentada en Miami marca ahora un nuevo capítulo en un caso que, incluso treinta años después, continúa generando fuertes repercusiones políticas y judiciales.
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