MIAMI, Estados Unidos. El Gobierno de Estados Unidos amplió este jueves su política de sanciones contra altos dirigentes y entidades vinculadas al Estado cubano al incluir al gobernante Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a su esposa Lis Cuesta Peraza, a varios familiares de la familia Castro y a importantes organismos estatales en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN).
La medida fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro y forma parte de la aplicación de la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el pasado 1 de mayo. Además de Díaz-Canel y Lis Cuesta, las sanciones alcanzan a Manuel Anido Cuesta, hijastro del mandatario cubano; Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro; y Raúl Alejandro Castro Calís, nieto del exgobernante cubano.
Nuevas entidades cubanas incluidas en la lista de sancionados
Entre las instituciones incorporadas a la lista figuran el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), la agencia de viajes Amistur Cuba S.A. y la empresa Minera La Victoria S.A.
Según la OFAC, estas entidades forman parte de estructuras vinculadas a sectores considerados estratégicos por Washington, especialmente los relacionados con la defensa, la seguridad, la minería y las actividades económicas controladas por el aparato estatal cubano.
Qué implican las sanciones para los designados
La inclusión en la lista SDN supone el congelamiento de cualquier propiedad o interés económico de los sancionados que se encuentre bajo jurisdicción estadounidense. Además, ciudadanos, empresas e instituciones financieras de Estados Unidos tienen prohibido realizar transacciones con las personas y entidades designadas, salvo autorización expresa del Departamento del Tesoro.
La OFAC advirtió igualmente que el riesgo de sanciones podría extenderse a empresas extranjeras que mantengan operaciones con entidades controladas directa o indirectamente por el conglomerado militar GAESA, el MINFAR o el Ministerio del Interior (MININT), especialmente cuando estas posean participaciones iguales o superiores al 50 por ciento.
Washington endurece la presión sobre las estructuras de poder en Cuba
La nueva ronda de sanciones representa uno de los movimientos más amplios de la actual administración estadounidense contra figuras cercanas al poder político y militar cubano.
La Orden Ejecutiva 14404 permite sancionar a personas y entidades que operen en sectores clave de la economía cubana, así como a individuos acusados de respaldar financieramente al Gobierno cubano, participar en actividades consideradas represivas o mantener vínculos directos con funcionarios previamente sancionados.
Analistas consideran que la decisión incrementa la presión internacional sobre las estructuras económicas y militares que sostienen buena parte de las actividades financieras del Estado cubano, en momentos en que la Isla atraviesa una profunda crisis económica, energética y social.
La reacción del Gobierno cubano
Tras conocerse las medidas, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, rechazó las sanciones y acusó a Washington de mantener una política de hostilidad contra la Isla.
Las autoridades cubanas sostienen que este tipo de acciones buscan aumentar las dificultades económicas del país, mientras que Estados Unidos argumenta que las sanciones están dirigidas específicamente contra individuos y entidades vinculadas al poder político, militar y de seguridad del Estado cubano.
Fuente: Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC), información publicada por medios internacionales y documentos oficiales del Gobierno estadounidense.
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