MIAMI.— Fiscales federales de Estados Unidos sostienen que cientos de miles de dólares obtenidos mediante fraudes a programas de ayuda creados durante la pandemia de COVID-19 terminaron financiando parte de la operación que culminó con el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse en julio de 2021.
El caso volvió al centro de la atención después de que 18 acusados fueran trasladados desde Haití a Miami para enfrentar cargos federales. Entre ellos se encuentran ciudadanos haitianos y antiguos militares colombianos señalados por su presunta participación en la conspiración. Los detenidos comparecieron ante una corte federal del sur de Florida.
Según el Departamento de Justicia, la investigación conecta el complot con un esquema de fraude y lavado de dinero que utilizó recursos procedentes del Paycheck Protection Program (PPP) y de los préstamos Economic Injury Disaster Loan (EIDL), mecanismos creados para auxiliar a empresas estadounidenses durante la pandemia. Parte de esos fondos habría servido para financiar armas, equipos tácticos y otros gastos relacionados con la operación.
Documentos judiciales presentados en procesos anteriores señalan que al menos 175.000 dólares vinculados a fondos PPP y EIDL obtenidos fraudulentamente fueron canalizados hacia la conspiración. En mayo, cuatro acusados fueron declarados culpables en Miami por su participación en el plan, mientras otros implicados ya han recibido condenas federales.
Las autoridades estadounidenses consideran que el sur de Florida desempeñó un papel central en la planificación y financiamiento de la operación. En total, 30 personas han sido acusadas en Estados Unidos por distintos delitos relacionados con el asesinato.
Moïse fue asesinado a tiros el 7 de julio de 2021 dentro de su residencia privada en Puerto Príncipe. Su esposa, Martine Moïse, resultó herida durante el ataque. La investigación sostiene que varios integrantes del comando se hicieron pasar por agentes estadounidenses durante la incursión.
El traslado de los 18 sospechosos constituye uno de los movimientos judiciales más importantes desde el magnicidio y coloca nuevamente a Miami en el centro de una investigación que busca determinar no solo quiénes ejecutaron el ataque, sino también quiénes lo financiaron, organizaron y facilitaron desde Estados Unidos.
Fuente: Departamento de Justicia de Estados Unidos, Fox News, Reuters y Associated Press.
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