Las nuevas propuestas económicas anunciadas en Cuba han provocado una avalancha de reacciones en redes sociales, donde numerosos ciudadanos cuestionan por qué actividades ahora presentadas como reformas permanecieron prohibidas durante décadas y señalan directamente a la dirección del país y al Partido Comunista como responsables de buena parte de las restricciones internas.
“¿Entonces el bloqueo lo teníamos nosotros aquí?”, “¿quién tenía puesto el bloqueo?” y “una vez más se confirma dónde estaba el verdadero bloqueo” son algunas de las preguntas repetidas en decenas de comentarios publicados tras conocerse las medidas.
La reacción popular se produce después de que las autoridades propusieran permitir que una persona pueda poseer más de una empresa, ampliar la contratación en el sector privado, autorizar negocios agrícolas privados, eliminar determinadas restricciones comerciales y facilitar operaciones que durante años estuvieron reservadas exclusivamente al Estado.
También se plantea permitir que cooperativas y productores importen combustible, realicen comercio exterior directo, negocien precios según las condiciones del mercado y accedan a nuevas modalidades de inversión extranjera. Ninguna de estas decisiones requiere que Estados Unidos elimine sus sanciones para ser aplicada dentro del territorio cubano.
Las sanciones estadounidenses afectan determinadas operaciones financieras, comerciales y de inversión, especialmente las vinculadas con personas y empresas bajo jurisdicción de Estados Unidos. Sin embargo, no obligaron al Gobierno cubano a prohibir que un ciudadano tuviera varias empresas, contratara más de 100 trabajadores, vendiera productos de manera ambulante, importara comercialmente o negociara directamente el precio de una producción agrícola.
Por esa razón, muchos cubanos consideran que las reformas constituyen, en realidad, el levantamiento parcial de un extenso sistema de prohibiciones creado por las propias autoridades.
“Estados Unidos no bloquea cada una de estas prerrogativas que por derecho debíamos tener”, señaló una ciudadana en un mensaje compartido con CubaHerald. En su análisis, las autoridades no estarían adoptando medidas verdaderamente nuevas, sino “desbloqueando todo lo que tenían bloqueado como parte del bloqueo interno”.
Otros comentarios advierten que quienes administraron el país durante casi siete décadas pretenden ahora conservar el control de la posible apertura económica. Esa preocupación se relaciona con la falta de separación entre el poder político, las empresas estatales, las instituciones reguladoras y los organismos encargados de autorizar o fiscalizar los negocios privados.
También existe temor de que las oportunidades económicas terminen beneficiando principalmente a personas cercanas a las estructuras de poder, antiguos funcionarios o propietarios que ya acumularon capital durante los primeros años de funcionamiento de las mipymes.
Aunque las reformas podrían abrir espacios para la iniciativa privada, los ciudadanos señalan que pocas de las medidas ofrecen un alivio inmediato al trabajador, al jubilado o a las familias afectadas por los apagones, la inflación y la escasez de alimentos.
“¿Y los apagones quién los resuelve?”, preguntó uno de los usuarios. Otro recordó que para recuperar la producción se necesita inversión, pero que para invertir hace falta confianza y seriedad en las negociaciones.
La desconfianza constituye uno de los mayores obstáculos del nuevo paquete económico. Durante décadas, las autoridades cubanas han autorizado actividades para posteriormente restringirlas, gravarlas con impuestos excesivos, intervenirlas mediante inspectores o eliminarlas cuando comienzan a adquirir independencia.
Ese antecedente explica que muchas personas reciban los anuncios con escepticismo. “Esta gente suelta un poco ahora y luego va recogiendo”, comentó una ciudadana, mientras otros recordaron experiencias anteriores en las que determinadas flexibilizaciones fueron sustituidas después por nuevas prohibiciones.
Los comentarios también cuestionan por qué fue necesario esperar hasta que la economía estuviera prácticamente colapsada para permitir actividades habituales en la mayoría de los países. La agricultura privada, el comercio exterior directo, la inversión inmobiliaria y la existencia de franquicias no son innovaciones económicas, sino prácticas básicas de una economía funcional.
La apertura anunciada tampoco resuelve por sí sola los problemas estructurales del país. Sin seguridad jurídica, reglas estables, tribunales independientes, acceso real a divisas y garantías frente a expropiaciones o cambios administrativos, será difícil que inversionistas nacionales y extranjeros arriesguen su dinero.
La mayoría de las reacciones no niega la existencia de sanciones estadounidenses. Lo que cuestiona es que esas sanciones hayan sido utilizadas durante décadas para justificar cada fracaso, incluso cuando las prohibiciones fueron diseñadas, aprobadas y aplicadas desde La Habana.
Las medidas anunciadas dejan una conclusión incómoda para la narrativa oficial: una parte importante de los obstáculos que frenaron la producción, el emprendimiento y la inversión dependía exclusivamente de decisiones internas.
Ahora queda por determinar si las reformas serán aplicadas realmente, si se convertirán en leyes duraderas y si beneficiarán al conjunto de la población o únicamente permitirán reorganizar la economía sin modificar quién conserva el poder.
Después de tantos años de prohibiciones, los cubanos no solo preguntan qué será permitido a partir de ahora. También exigen saber por qué no fue permitido antes y quién responderá por las oportunidades perdidas, las empresas destruidas y las generaciones obligadas a vivir bajo restricciones que hoy pueden eliminarse mediante una simple decisión administrativa.
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